"Se está pensando y analizando tomar otro tipo de medidas, hay que recordar que somos un país del tercer mundo que fue golpeado enormemente en su parte económica, por lo tanto es importante actualizar el tipo de medidas, porque si logramos nuevamente cerrar, esto va a traer una cadena de desempleos que no vamos a poder soportar", dijo César Chirinos, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) ante la Mesa Multisectorial, al diario La Tribuna.
29 de diciembre 2020, 17:28 GMT
Ante la situación de la pandemia del COVID-19 en el país catracho, que cerró el año 2020 con 122.763 personas contagiadas y 3.141 fallecidas por esa causa, el gobierno podrá activar de nuevo ese mecanismo, advirtió Chirinos.
"No hay consenso para cerrar de nuevo el país, siempre que se toman determinaciones es a través de los consensos, así que nosotros esperaríamos tener resultados alentadores en cuanto a tomar decisiones más cerca de controlar los fines de semana, porque es ahí donde hemos tenido el mayor empaño en las celebraciones, la gente sigue celebrando, sigue improvisando y generando contagios", expuso el dirigente de los empleados públicos al medio de prensa editado en Tegucigalpa.
El dirigente de la Andeph adelantó que el 4 de enero puede reunirse el Consejo de Ministros y determinar una nueva restricción de las garantías.
Lo anterior implicaría regresar a la situación de toque de queda en el horario de las 10.00 de la noche a las 05.00 de la mañana, apuntó Chirinos.
El PCM-021-2020 fechado el 15 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta al día siguiente restringió las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de Honduras.
Tales limitaciones incluyeron suspensiones de las labores en los sectores público y privado durante el tiempo de excepción, el funcionamiento del transporte público y las celebraciones religiosas presenciales.
El decreto también ordenó el cierre de todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el territorio nacional, así como la prohibición del funcionamiento de los negocios incluidos los centros comerciales.