Con la aplicación de la Tarea Ordenamiento, que entra el vigor el 1 de enero de 2021, los cubanos regresarán a la "normalidad" de una sola moneda, después de 26 años de convivir con dos, una de ellas 25 veces más fuerte que la tradicional, y a la que toda la ciudadanía no tenía acceso.
Esta nueva política económica, aprobada por el Consejo de Ministros, busca además ordenar de manera coherente las tasas de cambio, que, según los expertos, permitirá una reanimación del sector empresarial nacional y estimulará la necesaria inversión extranjera.
A su vez, se implementará una reforma integral del salario, con aumentos que oscilan entre y cinco y seis veces la cuantía que actualmente devengan los trabajadores, y que busca reordenar la pirámide salarial en Cuba, otro de los lastres que desestimularon por muchos años la creación de riquezas y la eficiencia de los trabajadores.
También incluye la eliminación de subsidios en productos y servicios que lastraron negativamente la economía, y se aplicarán nuevas formas de seguridad social, dirigidas, según las autoridades, a que ningún cubano quede desamparado en el nuevo escenario.
Entre los subsidios que el Estado acogerá en su presupuesto están los medicamentos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes, y una buena parte del servicio eléctrico, a pesar de las altas tarifas propuestas inicialmente, que tuvieron que ser rebajadas ante la inconformidad expresada por la población.
También se mantendrán gratuitos los servicios de educación en todos los niveles escolares y académicos, y la salud pública, dos renglones que absorben buena parte del presupuesto nacional.
La Tarea Ordenamiento tiene previsto además, reorganizar todo el sistema empresarial, trabajar por elevar la producción de alimentos —quizás una de las metas más urgentes frente al desabastecimiento actual—, aumentar las exportaciones de producciones nacionales y destrabar viejas y perniciosas políticas burocráticas que han frenado por años el despegue económico en la isla.
Riesgos y preocupaciones
Ante esta avalancha de nuevas medidas que marcarán el inicio del nuevo año 2021, dirigidas a provocar el imprescindible despegue de la economía cubana, dudas y preocupaciones asaltan a la ciudadanía, entre ellos la garantía de los abastecimientos que aseguren la canasta básica, y el tema del incremento de los precios en alimentos, productos y servicios esenciales.
Aunque la Tarea Ordenamiento incluye la regulación de los precios de los productos agrícolas, y la vigilancia para que los precios del sector privado y cooperativo no se conviertan en especulativos y abusivos, muchos ciudadanos expresan públicamente sus preocupaciones ante la amenaza de intermediarios, muchas veces ilegales, que extorsionan a los menos favorecidos, amparados en los habituales desabastecimientos del mercado estatal.
De ahí que en áreas tan deficitarias actualmente en la distribución de alimentos (carnes, conservas y otros), se generen aglomeraciones de personas y largas filas que pueden durar días hasta poder adquirir algo que llevar a la mesa, terreno fértil para los especuladores que vean los cielos abiertos con precios disparados más allá de las posibilidades reales que dará el incremento salarial.
Por otro parte, una agricultura deprimida, con pocas opciones de abastecimiento y precios que suben por horas, afectará sin duda la esperanza de quien espere asegurar su canasta básica mensual con los nuevos ingresos.
Otra de las "nubes grises" en el nuevo escenario son las tiendas que venden productos en monedas libremente convertibles (MLC), que, a pesar de las reiteradas explicaciones gubernamentales de la necesidad de establecerlas para que el país pueda obtener las necesarias divisas fuertes, abren una brecha social aún más profunda, que se acentúa ante el innegable desabastecimiento de las tiendas que venden sus productos en moneda nacional.
Agravamiento de la crisis
A todo esto se debe unir el impacto negativo a la economía cubana provocado por la pandemia de COVID-19, que ha generado gastos adicionales al presupuesto nacional que superan los 1.500 millones de pesos (unos 62.5 millones de dólares), destinados a garantizar la salud, la profilaxis, los aislamientos, hospitalización, traslados y tratamientos a personas afectadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
17 de diciembre 2020, 19:34 GMT
La pandemia, además, provocó un cierre del turismo internacional, uno de los pilares más importantes en los ingresos de monedas fuertes, limitó el comercio, las exportaciones y afectó severamente las finanzas.
A esto se agrega el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, impuesto en 1962, y que en los últimos cuatro años se ha recrudecido a consecuencias de las cerca de 150 sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
La Casa Blanca apostó en estos cuatro años a estrangular económicamente a la isla, desatando una cacería financiera, entorpeciendo el ingreso de combustibles a la isla, prohibiendo la entrada de cruceros y vuelos chárter, suspendiendo las entradas de remesas y financiando a la oposición interna para generar un golpe blando para derrocar al Gobierno cubano a través de la desestabilización social.