Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', la Plataforma Más Plurales fue la organización convocante de esta manifestación motorizada, que colapsó el centro de Madrid con miles de automóviles cuyos conductores hacían sonar el claxon a lo largo del Paseo de la Castellana al tiempo que enarbolaban banderas de color naranja.
No fue el caso de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana, donde no se organizaron actos semejantes. La plataforma aglutina a diferentes colectivos del ámbito de la educación concertada, quienes estiman que la ley Celaá atenta contra este modelo de enseñanza. Los partidos opositores PP, Vox y Ciudadanos secundaron la protesta.
La marcha más numerosa, en la capital española, concluyó con la lectura de un manifiesto en defensa de la continuidad del modelo educativo concertado y su complementariedad con las redes públicas. Asimismo, el texto aludía al modelo de "inclusión radical" que, a juicio de los organizadores, caracteriza a la ley Celaá, con la que consideran que los centros de educación especial se condenan a su "progresiva desaparición".
Según denuncian, la nueva ley imprime una "ideología laicista" a través del "control político" de la educación. El otro punto controvertido ha sido la eliminación del concepto del español como lengua vehicular en la enseñanza en los territorios bilingües, introducido con la anterior ley en 2013.
Presencia de líderes opositores
En Madrid, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acudió a la manifestación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentada en el asiento del copiloto. Por parte de Ciudadanos, su cara más visible fue la de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
El anuncio no ha quedado sin respuesta por parte del Gobierno. A través de su portavoz en materia de Educación, Luz Martínez Seijo, el PSOE ha instado al líder de los populares a volver "a la moderación y alejarse de posiciones "extremistas más propias de ultraderecha que de un partido de Gobierno y que aspira a ser un partido de Estado", dado que "no se puede cuestionar la aplicación" de una ley aprobada por la mayoría absoluta del Congreso (recibió 177 votos a favor y 148 en contra).