"Para llevar adelante una transición de Gobierno ordenada, nuestro primer pedido ha sido que se coadyuve la investigación inmediata de la muerte de nuestro compañero, hermano, amigo, Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia", dijo Prada.
Otra condición es que se haga "un corte administrativo inmediato, es decir, que ya no se tomen decisiones que puedan afectar la economía y el futuro del país", señaló la vocera, citada en un boletín del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Prada encabezó una comisión que representó a Arce en un encuentro convocado por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, para establecer acuerdos sobre el inminente traspaso de la administración al nuevo Gobierno, surgido de las elecciones generales del 18 de octubre.
Huarachi dijo que él mismo es víctima de "persecución judicial y amedrentamiento" de parte del Gobierno de Áñez, que ha planteado en su contra media docena de juicios penales por liderar protestas en el último año, incluso una huelga en agosto que forzó a la administración transitoria a aceptar las recientes elecciones.
El líder de la Federación de Mineros, un joven dirigente próximo al MAS, falleció el 28 de octubre en una clínica de La Paz donde había estado internado una semana tras sufrir un "atentado contra su vida", según esa organización sindical, que denunció en un comunicado que Gutiérrez fue víctima de "la derecha golpista".
Ante un aluvión de pronunciamientos sindicales que apuntan a una supuesta responsabilidad gubernamental en el presunto atentado sufrido por Gutiérrez, el Gobierno dijo que no hay denuncia oficial del hecho y que tanto la familia como los médicos del fallecido negaron información a la policía.
"No tenemos mucha información, se está tergiversando mucho en las redes sociales que el señor Gutiérrez habría sido víctima de algún tipo de atentado; no tenemos ninguna denuncia respecto a que haya sido agredido o se haya atentado contra su vida", declaró en rueda de prensa el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió también una investigación imparcial y reveló que Gutiérrez había denunciado recientemente "amenazas y persecución por funcionarios estatales por su actividad política".
Gutiérrez fue uno de los dirigentes sindicales que a principios de octubre amenazó con llamar a protestas callejeras si ocurría un fraude contra el MAS en las elecciones.
Los sindicatos mineros, históricamente la fuerza más combativa de la COB, declararon duelo sectorial por 30 días.