Aunque distintas fuentes habían señalado que Toledo "había dejado un proyecto de decreto" que "estaba listo" para ser firmado por el presidente sobre la prohibición del glifosato, éste se vio retrasado en pos de la aparición de otra propuesta, impulsada por parte de la Secretaría de Agricultura y de la Consejería Jurídica.
La polémica tiene detrás de sí dos intereses de peso: por un lado, la presión de las cámaras empresariales agrícolas y de alimentos ultraprocesados que aunque el glifosato pueda ser sustituido por otros químicos, tienen en su prohibición una pelea simbólica y de ganancias. Por otro, se acumula la evidencia científica acerca de los efectos nocivos de este principio químico en la salud pública y ambiental de los sitios dónde es utilizado para la producción de alimento.
En medio de esta puja, Greenpeace y la campaña Sin maíz no hay país, llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a emitir el Decreto Presidencial que "prohíba la presencia de transgénicos y glifosato en nuestro país", expusieron, eligiendo ese camino para avanzar en la meta de producción agroecológica enunciada por el Gobierno Federal.
"Para garantizar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, como los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos a una alimentación saludable, local, diversa, natural y culturalmente adecuada que nos permita preservar la herencia ancestral de los pueblos originarios en torno al maíz y otros cultivos", señalaron en un comunicado conjunto.
Apuntan que el país debe avanzar en el sentido abierto por la protección del maíz que tiene México por ser su centro de origen y deben protegerse otros cultivos originarios de México como son el chile, frijol, calabaza, vainilla, algodón, aguacate, amaranto, chayote, cacao y maguey.
"Esas especies de plantas son esenciales en el mundo y se tiene que buscar su conservación para que estén disponibles en el presente y para las futuras generaciones", fundaron en su pedido a la secretaria de Medio Ambiente.