Las mujeres rurales son una cuarta parte de la población mundial: en América Latina son más de 60 millones. A diario, realizan innumerables trabajos como agricultoras, asalariadas o empresarias, según el caso, y contribuyen a la seguridad alimentaria de sus familias y localidades alrededor del mundo.
A pesar de su importante labor, buena parte de ellas sufre severas limitaciones a la hora de acceder a recursos productivos como la tierra, el agua, insumos agrícolas, capacitación y financiamiento para su trabajo. La informalidad en el sector es una de las problemáticas más graves, según señala ONU Mujeres.
La pandemia y las mujeres rurales
Sumado a su trabajo diario, la pandemia de COVID-19 ha traído consigo dificultades adicionales para las mujeres de áreas rurales. El cierre de escuelas ha hecho que los niños deban quedarse más tiempo en sus casas, a cargo en buena parte de las mujeres del hogar, y la incremental violencia de género desde el inicio de la pandemia también ha puesto en riesgo su integridad, explica la institución.
Según la organización, las mujeres y niñas se encuentran en una particular desventaja por el COVID-19, y esto se agrava más en el ámbito rural. "Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas", dice el comunicado.
Según un informe de la FAO (Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) titulado "Mujeres rurales, protección social y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Desafíos actuales y aportes del enfoque sistémico a la política pública con enfoque de género", es preciso apostar a políticas públicas para amparar a estas poblaciones.
Además, señalan pertinente apostar a políticas de inclusión laboral en los sectores formales, a los que buena parte de esta población, especialmente quienes son madre, no logran acceder; a la garantía de los derechos laborales básicos y la cobertura en seguridad social; y la mejora de "la provisión de infraestructura extendida de servicios sociales básicos (salud, educación), así como aquellos asociados al acceso y aquellos asociados al acceso y uso efectivo de los anteriores (transporte, saneamiento) en las zonas rurales".