La jueza Gabriela Hardt, de la Justicia Federal de Curitiba (sur), reconoció que el bloqueo de los bienes de Lula se basaba en la tesis de que se habían practicado delitos "relacionados con las conferencias".
"No obstante, la autoridad policial concluyó que no hubo indicios en este sentido, con lo que estuvo de acuerdo la Fiscalía; por tales motivos, el bloqueo integral de valores ya no se sostiene", añadió, según recoge el portal UOL.
La Policía Federal investigó 23 conferencias impartidas por Lula contratadas por las constructoras Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez y OAS.
Los pagos realizados por esas presentaciones (sumaron casi 9,3 millones de reales, más de 1,6 millones de dólares) iban a la empresa LILS Palestras e Eventos, que el político abrió cuando dejó la presidencia.
La Policía Federal concluyó en diciembre del año pasado que no había pruebas suficientes para demostrar que esos recursos tuvieran relación con los beneficios que esas empresas obtuvieron en contratos dentro de la trama corrupta de Petrobras.