“La comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra —pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad—, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento”.
Lo ha hecho en un informe de 14 páginas que rechaza la querella del grupo independentista catalán Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por delitos económicos. Firmado por Juan Ignacio Campos (fiscal que lidera la causa), el escrito considera que es pronto para determinar si existen indicios de que el padre de Felipe VI cometiera algún hecho delictivo.
La falta de parte de la documentación es clave para emprender una causa judicial en la que el emérito esté imputado. También se asegura que la investigación ha mejorado "cuantitativa y cualitativamente" y que su objetivo es concretar si hay o no prueba de comportamiento irregular.
Se refieren en el texto a un decreto remitido previamente por la fiscal general, Dolores Delgado, donde se subraya que, "en el momento presente, no resulta posible establecer ni tampoco descartar la participación de don Juan Carlos en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad".
Es la forma de recalcar la inviolabilidad del rey, aunque este obstáculo no impidiera que en junio se recibiera parte de la información en poder del fiscal suizo Yves Bertossa. Se le solicitó entonces para seguir indagando sobre algunos aspectos del depósito de 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros) que Arabia Saudí pagó en 2008 a Juan Carlos I. Según el procedimiento de Ginebra, el 8 de agosto de ese año, la fundación panameña Lucum ingresó esa cantidad en la entidad Mirabaud, donados al monarca por la casa real de Arabia Saudí.
Según lo que se ha ido sabiendo posteriormente, la fundación Lucum, administrada por Canónica y Fasana, sitúa a Juan Carlos I como su primer beneficiario. Felipe VI, rey actual, también figuraba, tal y como reveló el diario inglés The Telegraph, como otro de los beneficiarios.
El Ministerio Público español contactó con los responsables del cantón suizo para conocer los datos de identificación de los titulares, los autorizados y el beneficiario último (UBO), según lo publicado por El Confidencial. También "el domicilio de envío de la correspondencia desde su apertura".
La Fiscalía reclamaba además "todos los movimientos registrados en la cuenta desde su apertura hasta su cancelación, con identificación del origen y destino de los fondos". La cuenta se cerró, según la información que ha ido comunicando Bertossa, después de que se efectuara una transferencia por la cantidad total a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.
Con la comisión rogatoria y la información suiza, la fiscalía del Supremo determinará si el movimiento de fondos que vincula en grado indiciario con presuntos delitos de blanqueo y fiscales fue anterior o posterior a 2014, fecha de la abdicación. Una vez esté la documentación en manos del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, el fiscal Juan Ignacio Campos tendrá que decidir qué hacer.