La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá determinar el destino de las instalaciones de Puente Grande, una de las penitenciarías consideradas de alta seguridad en el país, de la cual escapó el capo del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en enero del 2001.
El documento establece que las personas que permanecen detenidas en el centro penitenciario serán trasladas a otras cárceles. Su repartición será realizada por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social de México.
A su vez, el acuerdo señala que los derechos de los trabajadores del penal serán reubicados en otros centros penitenciarios federales, al tiempo que se compromete a respetar sus derechos laborales.
El anuncio del cierre del penal está firmado por el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño.
En los últimos meses, algunos familiares y reos han realizado protestas, en las cuales se han quejado sobre la calidad de los alimentos que reciben, así como de los malos tratos y otros riesgos sanitarios que enfrentan en las instalaciones de Puente Grande, lo cual ha incluido algunos brotes de COVID-19.
Por otra parte, el 22 de mayo se registró una riña al interior del penal durante la cual se reportaron detonaciones de arma de fuego. El saldo de este enfrentamiento fue de siete muertos, nueve heridos y cinco detenidos, según reportes de la Fiscalía General del estado de Jalisco.