Además, comunicó que y que el propio secretario de Estado pida excusas públicas por la violencia policial.
"El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020", dijo Trujillo en declaraciones transmitidas vía streaming.
El fallo de la Corte, dado a conocer el 22 de septiembre, busca "garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva", luego de que evidenció "una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas" registradas en noviembre de 2019 y el 9 y 10 de septiembre pasados en Bogotá.
La suspensión de escopetas de calibre 12 proferida en el fallo de la CSJ se relaciona de manera directa con el caso de Dilan Cruz, quien el 25 de noviembre de 2019 murió tras ser impactado en su cabeza por un perdigón disparado por un agente del Esmad en medio de una protesta en la que el joven, de 18 años, participaba en el centro de Bogotá.
La muerte de Cruz derivó en manifestaciones violentas en los días posteriores, las cuales se presentaron también en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de este año luego de un caso de exceso policial por el que murió el estudiante de derecho y taxista Javier Ordóñez, de 45 años.
En las manifestaciones más recientes, catorce personas murieron y 300 más resultaron heridas en Bogotá por presuntas acciones cometidas por policías, algunos de los cuales se observan en videos difundidos en redes sociales mientras disparan hacia la multitud.
Respecto de la violencia policial que alude el fallo de la CSJ, Trujillo señaló también que "el Esmad no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes".
Trujillo agregó que tales acciones individuales son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por parte de las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer si hubo o no responsabilidad individual.