La comparecencia de la ministra de Hacienda ha sido solicitada por todos los grupos del Congreso y en ella María Jesús Montero ha informado sobre el acuerdo que se ha alcanzado entre su Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relativo al uso de remanentes de las Entidades Locales por parte del Estado y de la autorización del uso del superávit de los Ayuntamientos saneados.
Por este acuerdo, los Ayuntamientos pueden entregar sus remanentes y el Gobierno se los devolverá a lo largo de una década. Se trata de una opción voluntaria, por la que los Ayuntamientos que participen se ahorrarán los intereses que pagan por tener ese dinero en el banco.
Montero ha anunciado, además, que los Ayuntamientos estarán exentos de ajustarse a la regla de gasto en 2021, algo que ya podrán hacer durante este ejercicio. Una medida que aliviará las finanzas municipales en un contexto de previsible caída de la recaudación debido a la situación actual por la pandemia del coronavirus.
Por ahora el PSOE es el único partido que apoya el real decreto propuesto por Hacienda y que ha generado una gran polémica entre los alcaldes del país, a pesar de que desbloquearía el uso de 14.000 millones de euros de superávit que los municipios tienen congelados. "Un dinero que está en las cuentas bancarias de los Ayuntamientos y que no puede ser utilizado por las corporaciones locales", porque tanto la norma que lo ampara como la constitución impiden que se pueda utilizar, ha asegurado Montero. Además, "estos depósitos bancarios están costando dinero a las corporaciones locales", ha explicado la ministra, que ha asegurado que suponen un coste para los ciudadanos de unos 70 millones de euros al año en concepto de intereses.
De hecho, tal y como ha explicado la ministra "este decreto es el único mecanismo legal que se ha visto para poder hacer uso de estos remanentes, es una fórmula para intentar superar los 1.000 millones permitidos por el marco de la Constitución y tener la posibilidad de ampliar esa cantidad sin entrar en un "fraude legal".
Un mecanismo que en realidad, tal y como ha aseverado la ministra, "le cuesta al Gobierno de España 5.000 millones de euros", porque en el plazo determinado le tienen que devolver este dinero a los Ayuntamientos y que por lo tanto, ha puntualizado, "esta fórmula no intenta hacerse con los remanentes de los Ayuntamientos". Montero ha querido remarcar que "no hay un problema de financiación de las Administraciones Públicas", y que este no es un elemento que necesite el Gobierno de España, sino que se trata de "un mecanismo que hemos encontrado para que los Ayuntamientos gasten 5.000 millones de euros sin incurrir en déficit y dentro de los márgenes establecidos por la Constitución Española".
El debate para la convalidación o derogación de la norma está previsto en el Congreso para la semana próxima, y para evitar su posible derogación, y que el Congreso no deje sin efecto el decreto, la ministra ha ofrecido a los grupos que acepten su tramitación como proyecto de ley después que salga adelante la convalidación. Montero ha asegurado que los grupos podrán hacer los cambios que estimen pertinentes para que se modifiquen los aspectos que cuentan con un mayor rechazo, como son los relacionados con los remanentes y el fondo de 5.000 millones, siempre y cuando las modificaciones se realicen dentro de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Eso sí, la ministra de Hacienda ha pedido a los grupos que esos cambios se hagan con la mayor celeridad posible para que los consistorios no tengan problemas de liquidez y puedan pagar a los proveedores durante el último trimestre del año.