"Defender nuestra Patria es también proteger su fauna y su flora. Debemos enfrentar las ilegalidades que atentan contra la flora y la fauna. NO al contrabando de aves silvestres", escribió el mandatario cubano en su cuenta de la red social Twitter.
El pasado 10 de agosto, las sociedades cubanas de Zoología, y Botánica, y las fundaciones Ariguanabo y Antonio Núñez Jiménez, emitieron una declaración reclamando medidas urgentes para contrarrestar las acciones negativas que afectan al ecosistema, y en particular a la flora y fauna.
La declaración identifica los impactos negativos de estas prácticas ilegales sobre la densidad, demografía, conducta, fenología y acervo genético y viabilidad de las poblaciones de la biota nativa, endémica y amenazada; las afectaciones a la fauna migratoria y las interferencias en las tramas ecológicas (cadenas alimenticias, polinización, dispersión de semillas y frutos).
También apunta a las modificaciones de los hábitats, las alteraciones ecológicas derivadas de la captura, recolecta y el comercio ilegal de especies, y la aparición de enfermedades infecciosas emergentes de interés para la salud pública humana y animal, así como en la dispersión y propagación de plagas en ecosistemas agrícolas.
Cuba cuenta con una legislación ambiental que contempla el Decreto-Ley 81/1997 amparando la Resolución 160 /2011, que contiene las principales regulaciones para el control y la protección de especies de especial significación para la diversidad biológica en el país, y el Decreto-Ley 136/1993 del Patrimonio Forestal y de la Fauna Silvestre.
En marzo pasado, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Plan gubernamental para la prevención y el enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los bosques, la flora y la fauna silvestre, así como otros recursos naturales.
El Gobierno cubano insiste en la necesidad de combatir la tala y comercialización ilegal de madera; la caza y pesca furtivas; la minería artesanal; la contaminación, tranques y desvíos de ríos, y el tráfico de especies.