La noticia sobre el abandono del país es valorada como un intento de apuntalar la institución monárquica y, de hecho, el propio comunicado oficial de la Casa Real señala que el objeto de tal decisión es "facilitar el ejercicio" de las funciones del actual jefe del Estado, Felipe VI.
"Es decir, por un lado el rey Juan Carlos quiere salvar la monarquía. Pero por otro nos da la señal de cuánto más habrá para que tenga que irse".
"A mí la decisión de abandonar el país me parece catastrófica en términos de imagen pública", añade por su parte a Sputnik el investigador social Víctor Prieto. "Está claro que la decisión, en forma y fondo, ha sido pactada tanto con Felipe VI como con el Gobierno. Y la intención es evidente: seguir profundizando en la estrategia de construir un muro de contención entre Juan Carlos y Felipe", asegura.
"Ahora todo va a consistir en dotar de credibilidad a la ruptura entre uno y otro, sostener a Felipe sobre una idea de ejemplaridad por oposición a su padre".
"Es evidente que van a salir muchas más cosas", afirma el politólogo Jorge Verstrynge, "porque todavía no se ha hablado de las empresas españolas". "¿Sólo de los saudíes cobraba comisiones Juan Carlos?", se pregunta. "Todo esto va a salir a la luz porque la obsesión de Felipe VI por suceder a su padre hará que los monárquicos terminen cantando y cargando al viejo para no cargar al joven".
¿Establecido en República Dominicana?
Diversas informaciones apuntan a este país caribeño como ulterior destino del monarca. El diario ABC informa de que el magnate azucarero Pepe Fanjul, con inversiones y diversas propiedades en República Dominicana, podría ser el anfitrión de Juan Carlos I.
"¿Por qué se va tan lejos de Europa? Porque pone el charco por medio...", inquiere Manuel Monereo. "Se podía haber ido sin ningún problema a Marruecos, Arabia Saudí o Londres, donde tiene casa. Pero se quita de en medio del todo y de la mirada pública", subraya, recalcando que la gravedad del asunto radica en "qué ha hecho para que tenga que irse".
"Hay que tomarse en serio lo que dice el rey: 'Me voy de España para no perjudicar a la Monarquía'. Él mismo reconoce la gravedad de sus actos", dice Monereo.
La cuestión jurídica
Dado el carácter inviolable de la figura del jefe del Estado en España, sólo el Tribunal Supremo (TS) tendría competencias para imputarle delitos, dada su condición de aforado. Pero en los últimos días, el TS habría preferido derivar el análisis de las diligencias previas a la Audiencia Nacional, en caso de que la Fiscalía General del Estado no aporte nuevos datos de peso.
¿Altera ahora la marcha de Juan Carlos el cauce judicial planteado en España para dirimir si sus actividades son merecedoras de la apertura de una investigación? Según el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, la marcha de Juan Carlos "no cambia nada". "Hoy por hoy no tiene ninguna causa judicial abierta, no se le ha retirado su pasaporte, no se le ha aplicado ninguna medida restrictiva y puede moverse por España y el extranjero", señaló este jurista al canal de televisión La Sexta.
Verstrynge, exprofesor universitario y antiguo secretario general de Alianza Popular, opina que tanto la marcha de Juan Carlos como el propio comunicado de Casa Real "acabarán incriminando a Felipe VI". "Es evidente", explica, "Felipe VI también ha recibido regalos de los monarcas del Golfo Pérsico, quizá cuando todavía no era rey".
"No es una cuestión jurídica, la cuestión jurídica va a venir de Suiza. Cuando enumeren sus delitos, la justicia suiza actuará, da igual lo que diga la justicia española", advierte.
Sin embargo, no sé sabe cómo reaccionará a partir de ahora la justicia suiza. "Otra cosa es que en su momento sea citado a declarar", explica el magistrado Ignacio González Vega. "Juan Carlos se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales, es indiferente el país elegido", afirma, "pero podrá alegar que por motivos de movilidad no pudiera venir a España a declarar. En tal caso podría solicitar declarar por videoconferencia bien ante el Tribunal Supremo o ante la Fiscalía de Ginebra".
Una marcha en clave paradójica
Aparte de que el país supuestamente elegido por Juan Carlos como nuevo lugar de su residencia es una república, se da la circunstancia de que, en palabras de Manuel Monereo, se podría producir "la enorme paradoja de que el rey pueda ser castigado en el extranjero y absuelto en España".
Por otra parte, el 30 de julio los partidos Izquierda Unida, PCE y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas solicitó al Tribunal Supremo reabrir su querella contra Juan Carlos de Borbón por la presunta comisión de hasta siete delitos, en su momento archivada en 2019.
El choque en el Gobierno
A nadie se le escapan las diferencias en el seno del Gobierno de coalición español a cuenta de la salida de Juan Carlos I del país. Pedro Sánchez y sus ministros socialistas apuestan por desvincular las supuestas irregularidades de Juan Carlos de la arquitectura constitucional vigente en España.
En cambio, el vicepresidente Pablo Iglesias y sus ministros de Unidas Podemos (UP) se muestran disconformes con la marcha del monarca emérito, aspecto del que no habían sido informados previamente. Por su parte, la oposición critica su "oportunismo" para "atacar" la institución monárquica, mientras las bases electorales de PSOE y UP difieren también del modo en que se ha facilitado el traslado de Juan Carlos de Borbón al extranjero.
"UP está ocupando un espacio crítico que hoy en día es muy amplio en la izquierda social, incluso en sectores socialistas", explica Víctor Prieto.
Para este exprofesor de la Universidad Complutense, "es inaceptable diferenciar y separar las irregularidades de Juan Carlos del comportamiento transparente y decente de Felipe (omitiendo, por supuesto, la trama mafiosa que las han hecho posible y que van muchísimo más allá de los amoríos del rey corrupto)".
"Pero el poder lo tiene claro: defensa sin fisuras de uno de los pilares centrales del régimen", señala Fernando Luengo.
Este economista, autor del blog especializado Otra Economía, discrepa del análisis efectuado por UP. "¿Cómo es posible que Podemos ponga sobre la mesa el argumento del 'debilitamiento' de la monarquía? ¿Es qué acaso conviene fortalecerla? Al contrario, es el momento de impugnarla, de reivindicar y ejercer la soberanía popular a través de un referéndum. Nadie sabe qué sucedería en esa consulta, pero hay que atreverse. Es actuando de esta manera cómo se crea una mayoría social de progreso y cómo se cambia la correlación de fuerzas".
Una marcha en medio de la crisis territorial
¿Se impugna con la salida de Juan Carlos un determinado modo de hacer negocios y llevar la economía del país? El economista Fernando Luengo no lo cree así. "Veo difícil que se meta mano en las tramas público/privadas donde se mueven las grandes fortunas, y sobre las que no se ponen focos ni existe ninguna regulación".
El modus operandi económico caracterizado por el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas tiene su expresión más célebre en Cataluña, pero también lo encarnaba presuntamente el rey emérito.
Las tensiones territoriales no son ajenas a la crisis borbónica. De resultas, el presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, pidió a Felipe VI que abdique tras la marcha del país de su padre y rey emérito Juan Carlos I. "Pido a Felipe VI que no alargue más esta agonía y abdique", afirmó en rueda de prensa el dirigente independentista, que calificó al rey emérito de "prófugo de la justicia".