El caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha destapado una red de corrupción durante el período de Enrique Peña Nieto, la cual se extiende hasta el sector empresarial, tal es el caso del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España por su presunta participación en la compra-venta de Agronitrogenados.
La relación de Ancira con el Gobierno mexicano se remonta a 1991, cuando compró Altos Hornos de México (AHMSA) al Estado. A partir de entonces, el empresario fue reconocido por mantener una relación muy cercana con las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En consecuencia, ante las acusaciones que caían sobre Lozoya por los sobornos de Odebrecht y la compra de Agronitrogenados, en 2019, Ancira también fue detenido en España por los delitos de corrupción y lavado de dinero por la presunta venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
Por esta razón, en julio de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la extradición del dueño de AHMSA a México para poder extender las investigaciones del proceso penal que involucran a otros personajes de la política mexicana en los casos de Odebrecht y la compra de Agronitrogenados.
Hasta el momento, no se ha logrado la extradición de Ancira, quien pagó una fianza a las autoridades españolas para lograr su libertad condicional; sin embargo, de acuerdo con el periodista Salvador García Soto, hay un elemento político que podría acelerar la extradición del empresario: las acusaciones que lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, señaló que su detención se debe a que es "víctima y daño colateral" de la intención del presidente para golpear al anterior gobierno. Según la versión de García Soro, Ancira también acusó al mandatario mexicano de que con sus acusaciones los está llevando a la quiebra.
Estas declaraciones de Ancira Elizondo ante la Audiencia Nacional Española, explica el periodista, fueron tomadas como un reto al Gobierno de la Cuarta Transformación que hoy tiene como prioridad extraditarlo para que responda por los 500 millones de dólares que pagó Pemex por la planta de Agronitrogenados.
A este expediente, asegura García Soto, podrían sumarse otras acusaciones por adeudos con el Estado: falta de pago de agua de sus empresas, deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y declaraciones no presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Todas con un valor de alrededor de 1.500 millones de pesos (67 millones de dólares).
El adeudo asciende a 372,6 millones de pesos (16,676 millones de dólares) por la falta de pagos sindicales. Pero como AHMSA no respondió a la petición del sindicato minero, en febrero interpusieron una denuncia contra la empresa acerera, su principal accionista Alonso Ancira Elizondo y su apoderado legal Enrique Rivera Gómez. Según datos proporcionados por el periodista, la carpeta de investigación ante la FGR es: CI-FDF/T/UI-1 S/D/0069/02-2020.
Con la suma de todas las acusaciones que recaen sobre el empresario, el Gobierno de López Obrador se propone extraditar a Ancira Elizondo de España a México para que sea juzgado bajo las leyes mexicanas.