Si en tiempos de pandemia el control de la población mediante datos de geolocalización y biométricos en aras de proteger la salud pública es una cuestión recurrente en muchos países del mundo por la controversia que suscita a cuenta del derecho a la privacidad, el tema se redobla ahora en España, con la aparición de controles similares en establecimientos privados.
¿Qué pretende Mercadona?
En principio la idea aducida por la empresa para instalar estos aparatos de control subyace en la prevención de hurtos. Según un informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el impacto anual de tales prácticas delictivas se cifra en unas pérdidas para el sector de hasta 1.600 millones de euros (y unas 700.000 denuncias interpuestas ante la Policía).
Mercadona afirma que "el objetivo es reforzar la seguridad de sus clientes y trabajadores". El sistema permite detectar a personas con sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento para posteriormente alertar "a la Policía o la Guardia Civil". Las 40 tiendas que cuentan ya con el sistema tienen colgados a la entrada carteles informativos. Según la compañía, el proceso de identificación discurre en apenas 0,3 segundos e inmediatamente después el sistema borra la imagen. "No se guarda ningún tipo de información adicional", aseguran.
¿Quién aporta la tecnología?
Es una empresa israelí, AnyVision, quien ofrece el sistema de cámaras de vídeo y el programa de reconocimiento facial. Afirman disponer de un software "que aprende sobre la fuente y es personalizable, y se ejecuta en múltiples plataformas, incluida la infraestructura de CCTV [circuito cerrado de televisión] existente".
El producto en cuestión para Mercadona, Better Tomorrow, es un "sistema automatizado de alerta de listas de seguimiento que identifica a las personas de interés y su historial de contactos en tiempo real y cronológicamente, al tiempo que protege la identidad de los transeúntes", explica AnyVision en su página web. El margen de error es del 0,1%.
AnyVision está dirigida por Eylon Etshtein, que no oculta su pasado en unidades de reconocimiento del ejército del Estado hebreo. La compañía aporta la tecnología para el control de la frontera con Cisjordania y entre su equipo directivo, al frente de su consejo asesor, figura Tamir Pardo, jefe del Mosad (servicio de inteligencia israelí) entre 2011 y 2016. La compañía estadounidense Microsoft era uno de los inversores minoritarios en AnyVision, pero Bill Gates vendió su participación tras admitir que no podía saber si otros clientes hacían un mal uso de esta tecnología israelí.
El debate de la privacidad
Mercadona afirma haber recurrido a esta tecnología para mantener alejados a delincuentes sobre los que pesa una orden de alejamiento, ya sea por la comisión reiterada de hurtos como por su incriminación en delitos de violencia de género contra alguna de sus empleadas.
En otras palabras, para que la ley ampare las intenciones de Mercadona, se necesita una ley que todavía no existe. De resultas, la AEPD rechaza que el marco legal que ampara a los sistemas de videovigilancia pueda también proteger a las tecnologías de reconocimiento facial.
Por otra parte, el artículo 48 del Código Penal establece que "la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito". Y en su apartado 4 añade que "el juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan". Esto vale mientras esté vigente la condena. Pero la duda surge cuando se piensa en la posibilidad de que Mercadona cree una base de imágenes de sospechosos, no de condenados.
¿Apela Mercadona a la ley de violencia de género a conveniencia?
El tratamiento de datos biométricos es peliagudo, porque no es un tratamiento de datos al uso. El sistema implantado por Mercadona no trabaja la autenticación de los datos propios, sino la identificación de los individuos, cotejando sus datos con los de otras personas. También es dudosa la apelación explícita de las órdenes de alejamiento.
El caso del célebre intento de hurto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, entre otros escándalos, dimitió tras difundirse imágenes comprometedoras en un supermercado de la cadena Eroski, es ilustrativo. La empresa no borró la grabación antes de filtrar una copia. Tampoco medió denuncia alguna y los agentes de la Policía no se personaron en la tienda.