Continúan en Argentina las batallas legales en torno a los desmanejos financieros y acusaciones de fraude a los dueños y directivos de la aceitera y acopiadora Vicentin, así como la polarización política por su consecuente intervención estatal y posible nacionalización.
La caída en desgracia de la sexta agroexportadora del país también sirvió como caso de estudio sobre el trasfondo de un mercado que integran jugadores de enorme poder político y económico, pero que significativamente permanecen al margen del escrutinio público.
Mangione es periodista de investigación especializado en agronegocios, coordinador de la cooperativa de comunicación La Brújula, editor de la revista Lanzallamas, profesor universitario y asesor legislativo de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra el complejo agroexportador más grande del mundo.
"Uno de cada dos dólares que entran a Argentina ingresa por ese complejo, con lo cual la supervisión y la participación o no del Estado es clave no solo por una discusión de soberanía alimentaria sino también monetaria. Se han dado en el país innumerables debates sobre posibles devaluaciones, la presión sobre el peso, y ese complejo juega un rol fundamental, es uno de los principales lobbies [grupos de presión]", comentó.
Mercado concentrado
En Argentina, 10 exportadoras manejan el 90% de toda la producción agrícola, que en 2019 tuvo un volumen de 70 millones de toneladas y por el que se liquidaron casi 24.000 millones de dólares. Siete de estas se conforman por empresas de capital extranjero y las primeras cinco controlan más del 50% del mercado.
Para la campaña anterior, el principal agroexportador fue COFCO, propiedad del Estado chino, y le siguieron las estadounidenses Cargill, ADM y Bunge. En el quinto y sexto puesto del ranking estuvieron las argentinas Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin. Oleaginosa Moreno, controlada por la multinacional suiza Glencore, se ubicó en el séptimo lugar, y en el octavo, Dreyfus, de origen francés. Cerraron el podio las locales Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro.
Asegurarle al país la continuidad de una empresa estratégica fue el argumento del Gobierno de Alberto Fernández para encarar la toma de control de Vicentin. Se intenta evitar el vaciamiento de los activos durante el proceso de quiebra, la venta a corporaciones que profundice la extranjerización del mercado o el desmembramiento de la corporación que produzca despidos: hay 6.000 puestos de trabajo en juego.
Además, el Estado incursionaría con más fuerza en el mercado agrícola, fundamental en el contexto de crisis económica nacional e internacional y principal fuente de las ansiadas divisas, tan necesarias para la economía argentina, que se encuentra en tensa renegociación de su deuda externa.
"Ahora ha quedado medio relegado el proyecto de expropiación, pero le abrió la puerta al Estado para meterse en un sector en el que tiene poca participación, un sector que expone sus ganancias por declaración jurada y que, con Vicentin, se empezó a abrir un espejo de lo que es la operatoria de granos en Argentina, que tiene bastantes lugares oscuros", resaltó el investigador.
La caja de Pandora
El 8 de junio, Alberto Fernández decretó la intervención de Vicentin, que se encontraba en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores desde principios de 2020, al borde de la quiebra por una deuda acumulada de 1.400 millones de dólares e investigada por la Justicia federal por presunta defraudación y desvío ilegal de capitales.
La firma tiene 2.368 acreedores, pero el principal es el Banco Nación, cuya gestión anterior durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) está siendo también investigada por la Justicia por autorizar inexplicablemente préstamos por 260 millones de dólares cuando la compañía ya se mostraba morosa y con indicios de insolvencia.
Tres días antes del default, la empresa vendió 17% de sus acciones en Renova, la planta procesadora de soja más grande del mundo, a la que era hasta entonces su socia a partes iguales, la suiza Glencore, hoy controlante (que ejerce control societario) de esta unidad de negocio. Vicentin asegura que usó el dinero para pagar deuda pero se sospecha que los 122 millones de dólares de la venta fueron a parar a cuentas offshore no declaradas en Panamá y Uruguay.
La Unidad de Información Financiera (UIF) —organismo dedicado a la prevención del lavado de dinero y delitos económicos complejos— se presentó como querellante y planteó que hay indicios de que Vicentin simuló el estrés financiero y utilizó su estructura societaria para remitir ganancias al extranjero. La deuda de Vicentin incluye más de 430 millones de dólares por préstamos de entidades financieras internacionales a sus subsidiarias en el exterior.
"Se empieza a descubrir que en el tejido societario de Vicentin tiene porcentajes pequeños de acciones de muchas empresas, por lo cual no es controlante, pero en realidad están constituidas por firmas fantasmas que siguen siendo de Vicentin", aseguró el experto.
El negocio agrofinanciero
"Se abre un entramado que sería ingenuo pensar que no esté sucediendo en el conjunto de las empresas del complejo agroexportador. Las cámaras que las agrupan dicen, rechazando la intervención, que es un mercado donde el Estado tiene todo controlado. Cuando ves los manejos de Vicentin ves que, si el Estado tuviese el poder de policía que dicen, esto no hubiese sucedido", argumentó Mangione.
"A partir de que Macri pierde las elecciones y reperfila esos bonos, lo que sucedió es que si alguien tenía bonos por 100 le devolvían 40. Eso generó un agujero financiero en los corredores de granos cuando tuvieron que devolver esa plata que habían perdido. Fue virando lo productivo al negocio financiero que había montado el macrismo", describió.
El mercado agrícola funciona en muchos casos según un sistema a través del cual el acopiador recibe los granos de parte de los productores y las cooperativas sin aún definir el precio. Las exportadoras pueden procesar y exportar los granos y pagarle al proveedor después de haber cobrado la venta al exterior.
Este desfasaje entre la recepción de los granos y el pago a los productores les permite recuperar lo que sea que el Estado les retenga de impuestos a los derechos de exportación directamente a los proveedores, ya que ellos mismos deciden en el precio que les terminan pagando por la materia prima.
El modelo agroexportador
En Argentina, las retenciones tenían un diferencial, por lo que convenía procesar harina, biodiésel o aceite en vez de exportar el grano, y eso incentivaba la industrialización. A partir de que el Gobierno de Macri lo elimina, creció la reprimarización.
"Cada vez se exporta más grano sin procesar, y China compra el 90% de la soja. Argentina está centrada en las necesidades de las grandes potencias, con lo cual la presión es sostener un modelo productivo que privilegie la agroindustria primaria por sobre otras ramas de la producción, algo que el Estado ha promovido en los últimos años", detalló Mangione.
Las agroexportadoras están exentas de la obligación de liquidar al Banco Central los dólares que reciben en el corto plazo. Macri llegó a eliminar el tiempo límite para hacerlo, el Gobierno actual volvió a establecer un plazo máximo de 60 días.
Además, Macri removió del control de los puertos al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo estatal encargado del control zoofitosanitario, y privatizó las inspecciones. Esto permite a las exportadoras que se autosupervisen, lo que abre la puerta a todo tipo de contrabando, y le valió al expresidente una denuncia penal.
"Toda esta asociación se da en Argentina en relación directa de las agroexportadoras, que son el último eslabón de la cadena, con los dueños de la tierra. Es difícil pensar que con solo intervenir una empresa del comercio de granos se vaya a avanzar en la soberanía alimentaria. Si no se discute el modelo, la distribución de la tierra, cuestiones más profundas de la producción, la comercialización sola no te resuelve el problema", concluyó.