Con 296 votos a favor y 54 en contra, el parlamento español decidió tomar en consideración una proposición de ley que permita investigar el robo de bebés durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia.
"Estamos muy contentos porque después de todos los años que llevamos luchando, ya casi 11, era hora de que nos hicieran caso y nos escucharan porque tampoco pedimos tanto. No queremos dinero, lo único que queremos es saber la verdad de dónde están nuestros hijos", manifiesta Mari Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Niños Robados Madrid y víctima de esta trama por el robo de su bebé recién nacido horas después del parto.
Vox ha sido el único partido que se ha manifestado en contra de esta propuesta de ley porque considera que se trata "de un invento", "una campaña de propaganda" que busca "sentar al franquismo en el banquillo". Sostiene que "hay tráfico de menores en todas las épocas del mundo". Unidas Podemos reprochó este discurso y sostuvo que ha sido "el más vergonzante" que se haya hecho en el Congreso de los Diputados.
"A mi me gustaría hablar con el señor de Vox para explicarle cuatro cosas. Le demostraría que lo que las víctimas denunciamos es verdad, que nos quitaron nuestros hijos y que hay muchos niños que fueron registrados como hijos biológicos de padres que no lo son. Esto empezó con el franquismo, pero al final fue gente corrupta que se benefició y sacó dinero de vender a los niños. De eso estamos claros", enfatiza Rodrigo.
El PSOE explicó que con esta norma se declararía el robo de bebés como un crimen de lesa humanidad para que no prescriban los delitos y se "abran los archivos y cajas donde figuran quiénes fueron los autores y quiénes lo llevaron a cabo".
La propuesta de ley contempla la creación de una fiscalía especializada, la apertura de archivos, que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas, la creación de un banco de ADN, un censo único y la puesta en marcha de una Comisión por el derecho a la identidad.
La trama de bebés robados afectó a miles de familias en España. El número de víctimas oscila entre los 30.000 que reconoció un auto de la Audiencia Nacional hasta los 300.000 que denuncian las asociaciones de víctimas.