La Cepal advirtió en un documento, difundido este mes, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, que en la región hay unos 10,5 millones de niños y adolescentes trabajando y que la pandemia la coloca en riesgo de no poder alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hacen la misma advertencia sobre el aumento del trabajo infantil por el COVID-19 (enfermedad causada por el nuevo coronavirus).
"Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo infantil", informa la OIT en su web.
Situación país por país
Jacinto Mamani, inspector de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la ciudad boliviana de El Alto, dijo a Sputnik que "es casi seguro que la pandemia ha provocado un agravamiento de las dificultades económicas de los sectores más empobrecidos".
Y con ello, agregó, "disparado la presión de factores que incrementan la cantidad de niños obligados a trabajar, especialmente en las calles".
En México, el trabajo infantil aumentará 5,5% por la pandemia.
En ese país, casi 180.000 menores tendrán que trabajar por primera vez por el COVID-19, según estimaciones de la OIT y Unicef.
En Brasil, el trabajo infantil afecta al menos a 2,4 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, según los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de 2016.
La jueza María Zuila, coordinadora del Programa de Combate al Trabajo Infantil y del Estímulo al Aprendizaje de la Justicia del Trabajo de Brasil, dijo que "la situación se agrava en este tiempo de pandemia por el aumento de desempleados en el país".
El desempleo los "lleva a proyectar que el índice de trabajo infantil se elevará porque la necesidad de supervivencia empuja a los niños y adolescentes a cambiar su fuerza de trabajo por comida", afirmó a la estatal Agência Brasil.
Mientras, en Perú no se han reportado casos de trabajo infantil en la pandemia, informó el viernes el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Agregó que han logrado supervisar, durante el estado de emergencia, a 4.010 niños que sufrieron trabajo infantil en todo el país.
En Chile, más de 200.000 niños y adolescentes trabajan, informó el viernes la Subsecretaría del Trabajo.
En esta pandemia, el Gobierno ha desarrollado una campaña llamada #ChileSinTrabajoInfantil.
Además, presentó un proyecto de ley al Congreso que actualiza la normativa a estándares internacionales, aumentando las sanciones y multas para los empleadores que contraten menores.
En Argentina 750.000 niños y adolescentes de 5 a 15 años trabajan de forma ilegal, pese a que en el país se sancionó en 2013 la ley 26.390 y la 26.847 que castigan con prisión a aquellas personas que contraten a menores de edad; pero hay pocas condenas por ese tema en el país.
La Defensoría General de la Nación dijo en un comunicado que "el impacto global por la pandemia" está arrastrando a niños y adolescentes "a realizar ocupaciones y tareas laborales riesgosas, o a la servidumbre y la explotación".
"Los niños con alta permanencia en calle es porque las madres trabajan en la economía informal se llevan a los niños y los niños terminan trabajando con la mamá", indicó Ravicini.
En Uruguay, cerca de 60.000 niños y adolescentes realizan tareas informales e ilegales, informó el estatal Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
El presidente del INAU, Pablo Abala, anunció que tomaron la decisión de "fortalecer la inspección del trabajo infantil y adolescente", ya que "con las normas jurídicas no alcanza".
Reclutamiento de niños
Mientras, la directora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, informó que en Colombia son 1.038.000 niños y adolescentes que trabajan, y que han activado los 117 equipos móviles de protección.
Otro problema recurrente en Colombia es el reclutamiento de menores de edad en grupos armados.
Esta semana, el procurador general Fernando Carrillo denunció ante la Fiscalía el reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para cometer delitos durante la pandemia del COVID-19 por parte de disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.