"Mi veto parcial a la Ley Apoyo Humanitario por la emergencia del COVID-19 prioriza cuatro objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción, y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva de la Asamblea de Ecuador", dijo Moreno en su cuenta de Twitter.
Según el primer mandatario ecuatoriano, el veto busca crear más incentivos tributarios para que instituciones del sistema financiero otorguen créditos productivos y refinancien o reestructuren los créditos actuales.
El veto también prohíbe la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato; busca que los acuerdos laborales no reduzcan el salario básico a propósito de la crisis generada por el COVID-19.
Adicionalmente en el veto del Ejecutivo se reduce de dos años a uno la figura del contrato de trabajo emergente, prorrogable por una sola vez.
Esta jornada de trabajo plantea que el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%, y que la remuneración del trabajador no debe ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción.
Entre otras cosas, el veto también prohíbe el incremento en servicios básicos y en telecomunicaciones e internet y establece que no se podrá suspender el servicio por falta de pago hasta 30 días después de la vigencia de la ley, y establece que un decreto ejecutivo definirá una cultura de control de precios de bebidas y alimentos de la canasta familiar.