"¿Por qué no podemos procesar? Porque los plazos y los términos de la Función Judicial se encuentran suspendidos. Una vez que retornemos a la normalidad, que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, a través de una resolución, decidan habilitar nuevamente esos plazos, la Fiscalía podrá procesar", dijo Diana Salazar, fiscal General del Estado de Ecuador, durante una rueda de prensa.
La Función Judicial es uno de los cinco poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano.
Igual sucede, dijo la funcionaria, con denuncias de supuesta corrupción en gobiernos seccionales como el Municipio de Quito y las Prefecturas provinciales de Guayas (oeste) y Pichincha (norte).
En este último caso, la Fiscalía abrió una investigación previa por la adquisición, por parte de la Prefectura de Pichincha (cuya capital es Quito), con presunto sobreprecio, de 400 fundas para cadáveres y la compra de 10.000 pruebas rápidas para COVID-19.
Para investigar ese tipo de casos, la Fiscalía creó una fuerza de tarea multidisciplinaria integrada por un grupo de fiscales, a los que el 2 de junio se sumaron diez policías especializados, para reforzarla.
Sin embargo, para culminar los procesos es necesario que la Función Judicial restablezca cuanto antes la justicia penal en Ecuador.
Por ello, tanto Salazar como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidieron al Consejo de la Judicatura restablecer los tiempos y términos en la Función Judicial, suspendidos por la emergencia sanitaria por COVID-19 que rige en el país.
Las funcionarias también solicitaron reabrir los juzgados penales.