Según la Fiscalía, tan solo en el mes de mayo se instauraron "1.023 acciones civiles públicas contra 2.262 imputados en base a deforestaciones ilegales de la Amazonía".
La iniciativa forma parte de la tercera fase del proyecto "Amazonía Protege", que busca coordinar las acciones de los fiscales que actúan en los estados por donde se distribuye la selva.
El proyecto mapeó polígonos de 60 hectáreas, o más, deforestados entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, y en total se detectaron 321.000 hectáreas de selva devastadas de forma ilegal.
La Fiscalía exige ahora el pago de más de 3.700 millones de reales (689 millones de dólares) en indemnizaciones y la reforestación de 231.456 hectáreas de selva degradadas.