"Se va a incluir a la señora Jeanine Añez, a la canciller Longaric y a otros funcionarios e intermediarios que estuvieron involucrados en esta adquisición que ha sido un robo a todos los bolivianos", dijo a reporteros el diputado Edgar Montaño, portavoz de ese grupo parlamentario creado el 25 de mayo.
Tras varias denuncias de organizaciones médicas y fabricantes locales, incluidas universidades, el Gobierno admitió que los aparatos adquiridos a mediados de mayo no sirven para terapia intensiva y resultaron mucho más caros que similares importados por otros proveedores o producidos localmente.
"No se olvide que en la declaración del señor Marcelo Navajas, exministro de Salud [procesado por el caso], dice que la señora Añez y el señor Arturo Murillo [ministro de Gobierno] fueron los que recibieron los respiradores y ellos fueron los que entregaron en Santa Cruz y en otros departamentos", dijo Montaño, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Apuntó que "sorprendentemente", en la distribución de los aparatos no participaron Navajas ni autoridades de la agencia estatal de insumos médicos que tramitó la compra.
Navajas, cuatro funcionarios y un importador están en detención preventiva desde el fin de semana, acusados por el Gobierno de diversos delitos que configuran el caso de corrupción, pero según Montaño, la comisión investigadora, dominada por el MAS, pretende "llegar a todos los niveles involucrados".
En cuanto a la canciller Longaric, el parlamentario dijo que debería responder por su falta de acción ante un informe del cónsul de Bolivia en Barcelona, que le informó sobre detalles de la compra de los equipos a la firma GPA Innova.
Longaric también tendría que aclarar la participación en este proceso del embajador especial de ciencia y tecnología, Mohamed Mostajo, quien como asesor presidencial hizo también varios anuncios sobre varias compras de respiradores aunque negó haber decidido la adquisición cuestionada.
Montaño añadió que funcionarios aduaneros y de la representación del BID en Bolivia, así como responsables de la firma intermediaria española que proveyó los respiradores, serán también convocados a declarar.