La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la principal formación de ese grupo, Gleisi Hoffmann, argumentó que Bolsonaro "tiene que ser impedido" porque "está llevando a Brasil y a la mayoría del pueblo hacia la tragedia", según un comunicado de esta formación.
Los firmantes de la petición creen que Bolsonaro cometió diversos "delitos de responsabilidad", la base legal necesaria para abrir un proceso que eventualmente pueda apartarle del poder.
También recuerdan que Bolsonaro estimuló actos contra la democracia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal (al acudir a manifestaciones golpistas organizadas por sus simpatizantes)
También se citan sus palabras incitando a una "guerra" contra los gobernadores y las supuestas interferencias en las investigaciones de la Policía Federal en Río de Janeiro, que supuestamente tendrían la intención de proteger a su familia.
La petición está firmada por el PT, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido de la Causa Operaria (PCO), el Partido Comunista Brasileño (PC), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y UP.
También se unen a la petición entidades como la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Central de Movimientos Populares y varios sindicatos, centros académicos y otras organizaciones de la sociedad civil.
Para que el proceso arranque, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tendría que seleccionar una de esas peticiones y llevarla a votación al plenario, donde debería conseguir una mayoría de dos tercios del total de los votos.
En caso de que se instaurase el proceso de impeachment y de que finalmente el Congreso Nacional considerase a Bolsonaro culpable, este dejaría el poder y sería sustituido por su vicepresidente, el general Antonio Hamilton Mourao.