Personas mayores de las residencias madrileñas fueron rechazadas por los hospitales

Según un documento interno que obra en poder del diario digital El Confidencial, el 25 de marzo una anciana de 80 años de edad afectada de neumonía bilateral y síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 vio denegado su ingreso en el Hospital Infanta Cristina de la ciudad madrileña de Parla. Así quedó constatado en el parte de alta del servicio de Urgencias del citado hospital:

"Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital", indica el documento.

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Siguiendo ese protocolo, se devolvió a la paciente a su residencia de mayores, donde falleció tres días después. La mujer presentaba un cuadro de "neumonía bilateral" y "probable COVID-19", aunque todavía estaba pendiente el resultado de la prueba PCR. El servicio de Urgencias constató que la persona respiraba con dificultad, con "una desaturación del 78%". Se le aplicó una sesión de hemodiálisis y el facultativo dejó anotado que la saturación mejoró hasta el 95%. Pero también recordó por escrito la orden emitida por su hospital esa misma mañana: "No se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital" ante la "situación de saturación actual".

El caso pone de relieve varios aspectos. El primero es la situación de desbordamiento que experimentaron los hospitales de la Comunidad de Madrid durante el pico de la pandemia y que obró que al menos 4.076 personas mayores muriesen en sus residencias con síntomas característicos de COVID-19, tal y como recogen los datos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La cifra oficial de muertos por la pandemia en las residencias asciende a 1.180 personas, a quienes se les practicaron pruebas PCR que dieron resultado positivo. Es decir, el número de fallecidos en las residencias a consecuencia del COVID-19 podría ascender hasta 5.886 personas.

Las residencias de mayores, piedra de toque

La crisis sanitaria tiene en la gestión de las residencias en Madrid un capítulo aparte. Es el escenario de confrontación entre las fuerzas políticas coaligadas en el Gobierno regional (PP y C's) y, a su vez, un contexto de brega con el Gobierno central. Monte Hermoso, una de las primeras residencias madrileñas donde prendió la pandemia con mayor fuerza, solicitó ayuda al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ya el 17 de marzo, sin hallar respuesta. Al cabo de tres días registraba 15 muertes.

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Se da la circunstancia de que la mayor parte de estas residencias fueron privatizadas en los últimos años, cuando se permitió la entrada de fondos de inversión. El consejero de Políticas Sociales de la comunidad (Alberto Reyero, de C's), se quejó en comisión parlamentaria de que los hospitales madrileños dejaron de recibir pacientes de las residencias durante la peor fase de la pandemia y que a finales de abril volvieron a reanudarse los ingresos a los hospitales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció que tal situación se dio en la región y afirmó que era debido a criterios técnicos y sanitarios. La afirmación le ha costado una querella ante los tribunales de los familiares de los fallecidos.

La cuestión es peliaguda por cuanto el Gobierno de Díaz Ayuso culpa al Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez de mala gestión sanitaria ante la pandemia, pero las competencias y política sanitaria de los hospitales madrileños corresponde a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional madrileño, así como la inicial gestión de sus residencias. El vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, señaló en entrevista a Antena 3 que la privatización de las residencias y su entrega a fondos de inversión incrementó su vulnerabilidad.