"El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular han convocado para defender la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para defender los recursos de los afiliados (…) a un plantón el 18 de mayo, a partir de las 10:00 (15:00 GMT), en parques y calles", dijo Rosana Palacios, dirigente del Frente Popular (alianza de organizaciones sociales y sindicales) en rueda de prensa virtual.
Agregó que la convocatoria es de carácter nacional e indicó que los manifestantes deberán asistir con mascarillas y respetar la distancia social de dos metros, entre otras medidas de seguridad para evitar contagiarse de COVID-19.
Varios artículos se refieren a la autonomía administrativa y financiera de la seguridad social.
Según Juan Cervantes, presidente del Frente Popular de Guayas, provincia costera al oeste de Ecuador, con esa normativa el Gobierno pretende apropiarse del patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de los seguros sociales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El dirigente también rechazó un proyecto de Ley Humanitaria (enviado junto al de Ordenamiento de las Finanzas Públicas) porque, dijo, consagra medidas anti obreras y precariza el trabajo.
Por eso, demandó al parlamento el archivo de ambas normativas.
En igual sentido se pronunciaron dirigentes de asociaciones del seguro campesino, jubilados de Fuerzas Armadas y de la Unión Nacional de Educadores que asistieron a la rueda de prensa.
El 14 de mayo, el presidente Moreno pidió al parlamento retirar del proyecto de Ley Humanitaria varios artículos que fijaban contribuciones económicas a personas y empresas para alimentar una cuenta especial destinada a enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, dejó artículos que permiten hacer acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre diversos aspectos de la relación laboral como jornadas, salarios, horarios, entre otros.
Para ser aprobados o negados los proyectos de Ley se requiere un mínimo de 70 votos (de un total de 137 parlamentarios).
De no lograr la base requerida, los textos entrarán en vigencia sin modificaciones, en los términos que envió el Ejecutivo, bajo la figura legal del ministerio de la ley contemplada en la Constitución Política de Ecuador.