"Se va a detener a las personas que están impidiendo el paso de los camiones y se les va a iniciar procesos por atentado contra la salud pública, un delito que conlleva 10 años de presidio", dijo el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, en conferencia de prensa en esa ciudad.
Issa se refería a los camiones de recolección de basura que no podían acceder al vertedero de la ciudad, ubicado en la región de K"ara K"ara, foco de las protestas, lo que ocasionaba la acumulación de millares de toneladas de desechos en las calles.
Issa dijo este 15 de mayo que la Policía decomisó explosivos artesanales que calificó como pruebas de supuestos planes terroristas de los vecinos que bloqueaban calles, de quienes dijo que seguían instrucciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales.
Advirtió que la violación de la cuarentena, que el Gobierno tipificó mediante decreto como delito contra la salud pública, acarrearía penas de hasta diez años de cárcel.
"Vamos a aplicar la ley, la vulneración contra la salud no va a quedar impune", dijo el viceministro.
La periferie de Cochabamba es una de varias regiones de Bolivia en las que la cuarentena ha tenido acatamiento irregular, en varios casos con aglomeraciones masivas de ciudadanos en mercados callejeros y plazas, que las autoridades locales y nacionales no han podido impedir.
En El Alto, ciudad contigua a La Paz desde donde los medios reportan casi a diario calles llenas de peatones, sindicatos de vendedores ambulantes y de transportistas anunciaron que sus afiliados pretenden volver masivamente al trabajo a partir del lunes 18.