La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) "hace pública su profunda preocupación por el contenido del decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia", dijo esa organización de propietarios de medios impresos en un comunicado.
Pese a las protestas, otra norma emitida el 7 de mayo extendió el castigo a las personas que "difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población".
Curiosamente, la nueva disposición estaba contenida en una disposición adicional de un decreto que autoriza gastos públicos en favor de enfermos de cáncer.
La ANP demandó que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de opinión.
Otro candidato, el expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), consideró a la norma como "autoritaria, que vulnera derechos constitucionales fundamentales en nuestra sociedad".
En respuesta a estas protestas, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que la penalización de la "desinformación" como delito contra la salud pública apuntaba a personas que supuestamente difunden información falsa en las redes sociales.
En Bolivia existen 2.556 casos positivos de COVID-19, 273 recuperados y 118 decesos, según las últimas cifras del Ministerio de Salud, difundidas el domingo.