"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto; digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenado", sostuvo desde las redes sociales.
"Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades; las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema", recordó el mandatario.
Ante "una pandemia de enormes proporciones", el presidente observó que el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, "se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".
El jefe de Estado señaló que en este contexto, los Gobiernos de otros países dispusieron libertades de los internos en el intento de amortiguar el impacto del COVID-19.
"Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia", señaló.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en añadido, "han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos", destacó el mandatario.
Momentos después de publicar estas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para 'liberar masivamente presos'"
"Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales", puntualizó Kicillof.
El mandatario provincial indicó también que desde que asumió en diciembre de 2019 no promovió cambios en la Suprema Corte provincial, ni nombró a jueces o al procurador (jefe de los fiscales).
Datos fehacientes
Un total de 12.579 presos cumplen condena en los 33 establecimientos del sistema penitenciario federal, de los cuales más de la mitad están en prisión preventiva, pues no tienen condena firma.
En la provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 52.000 detenidos, fueron beneficiados 750 internos.
La Cámara de Casación Penal exhortó el pasado 14 de abril a que los centros penitenciarios adopten medidas alternativas al encierro para los reclusos que integren grupos de riesgo, siempre que no se involucre a detenidos que hubiesen cometido delitos violentos o crímenes de lesa humanidad.
A través de una acordada, el máximo tribunal penal de Argentina enfatizó la situación de hacinamiento en la que se encuentran los internos y recomendó alternativas a la cárcel, como excarcelaciones o salidas domiciliarias para personas mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén por terminar su condena.
Algunos jueces no respetaron estas disposiciones y beneficiaron con la domiciliaria a hombres que cometieron delitos de abuso sexual o violación, casos que de momento son aislados.
Capdevila es uno de los 1.279 reclusos considerados por el Servicio Penitenciario Federal como personas de riesgo ante el COVID-19.
Tras constatar su incumplimiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha amenazado con un juicio político a los jueces que no cumplan con la Ley Nacional de Víctima, que obliga a que estas personas sean informadas sobre los posibles beneficios que reciba el condenado.
La cuarentena en Argentina, vigente desde el pasado 20 de marzo, se extenderá al menos hasta el 10 de mayo.