Los datos facilitados por la Fiscalía reflejan que en total están abiertas 110 investigaciones penales, lo que supone un aumento de 24 respecto a las 86 que constaban la semana pasada.
La Comunidad de Madrid es el territorio que más casos acumula, con un total de 42 diligencias abiertas, seguida de Cataluña (24), muy por delante de otras regiones como Galicia (11), Castilla-La Mancha (10) o Castilla y León (10).
Sin embargo, información ofrecida por el diario El País citando a fuentes judiciales apunta en la mayor parte de los casos la intervención de la Fiscalía llegó como consecuencia de denuncias interpuestas por los familiares o los propios trabajadores de los centros.
La información filtrada al citado diario también apunta a que los delitos investigados en la mayor parte de los procedimientos se corresponden con homicidios por imprudencia, maltrato o abandono.
Además de estas causas penales, el Ministerio Público también tiene abiertas 121 diligencias civiles.
A falta de test generalizados, el Ministerio de Sanidad no ofrece por el momento una estimación fiable que permita cuantificar el daño causado por el virus en las residencias.
Sin embargo, los datos proporcionados por las administraciones regionales señalan que casi 16.500 personas han muerto en residencias de ancianos con COVID-19 o con síntomas asociados a la enfermedad, lo que que equivale al 67% del total de muertes reportadas por el Gobierno.