“Más de 97.000 personas residentes en los cantones Francisco de Orellana y Aguarico (provincia del Orellana, al este de Ecuador) se han quedado sin servicio de agua potable debido a la suspensión de la captación de agua de los ríos Coca y Napo”, dijo Marlon Vargas, presidente de la Confeniae en un comunicado.
El dirigente alertó que la contaminación del río Napo, por el derrame de petróleo, ha puesto en peligro las fuentes de agua y alimento de las comunas kichwas de Ecuador y Perú asentadas en las riberas del río.
Las roturas, registradas el 7 de abril en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), provocaron derrames de crudo en los ríos de Napo y Coca.
Las roturas fueron provocadas por un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, entre las provincias amazónicas de Sucumbíos (noreste) y Napo (centro oriente) y esto motivó la paralización de ambos sistemas de bombeo de crudo.
Pese a la magnitud del incidente, según la Confeniae, los organismos de control ambiental del Estado no han informado sobre la cantidad de crudo derramado ni sobre las acciones para remediar el daño ambiental.
La Confeniae pidió hacer pública la información sobre la magnitud de las afectaciones, activar planes de remediación en el corto plazo y exigió que el MAE imponga sanciones a los responsables del vertido.
El derrame llega a Perú
Once organizaciones indígenas y de derechos humanos alertaron a sus pares de Perú que el derrame de petróleo provocado por la rotura de dos oleoductos en Ecuador llegó hasta territorio peruano.
"Advertimos a las organizaciones peruanas (…) que varias comunidades que viven a las riberas de los ríos Coca y Napo han reportado que el derrame ha llegado hasta sus territorios generando graves afectaciones a lo que para muchas de ellas es su única fuente de agua y alimentación", dijeron las organizaciones denunciantes.
Entre las organizaciones denunciantes están Amazon Frontlines, Amazon Watch, Cedhu, Repam e Inredh.
Igualmente, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera particular a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que realicen un seguimiento exhaustivo de la situación, y requieran de manera formal al Gobierno ecuatoriano información detallada sobre los hechos y las medidas tomadas en materia social y ambiental.