"El asesinato de Dominga es parte de la violencia estructural en contra de los defensores de los derechos humanos y de los movimientos sociales, que lucha por la construcción de un Estado plurinacional y el buen vivir", señaló el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en un comunicado.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala reportó en 2019 un total de 395 agresiones contra defensores de los derechos humanos, y para finales del año al menos 10 integrantes del Codeca habían sido asesinados por sus luchas.
Ramos, de 52 años de edad, fue asesinada a balazos en la comunidad Las Delicias, en Santo Domingo, Suchitepéquez (suroeste), y el sicario se dio a la fuga en una motocicleta que robó a un vecino del lugar.
La bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz, izquierda) también repudió el crimen contra la activista, ultimada en su domicilio y en presencia de su nuera y nietos.
Ramos era una defensora organizada en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica, y fue una dura crítica de los excesos y arbitrarios cobros que realiza la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE.
Ixcal, viudo de Ramos, es asesor político de la única diputada del MLP, Vicenta Jerónimo e integrante del Comité Político del Codeca.