Se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dé a conocer su veredicto sobre las hipotecas el 3 de marzo. La demanda presentada ante el tribunal europeo busca que la instancia evalúe si los bancos fueron transparentes a la hora de otorgar dichos créditos.
En contraste con el Euríbor, el IRPH es más difícil de calcular porque incluye también al riesgo crediticio y unas cuotas extras. Esta es la razón por la que el índice español ha producido los tipos hipotecarios más altos para los consumidores desde el comienzo de la década de los 90. Desde el 2008, la brecha que existía entre los dos índices pasó a ampliarse aún más.
Los analistas de la Asociación de Usuarios Financieros calcularon que cerca de 1 millón de personas compraron las hipotecas vinculadas con el IRPH, pagando en promedio unos 25.000 euros más que los que habían tomado créditos hipotecarios basados en el Euríbor.
Si el Tribunal de Justicia de la UE toma un veredicto a favor de sus clientes, esta irá en contra del que había sido tomado por la Corte Suprema de España, ente que determinó que la venta de las hipotecas basadas en el IRPH no podían considerarse como una práctica abusiva.
Mientras el ente judicial europeo no tome una decisión, no se puede decir con certeza cuál sería el posible castigo de los bancos españoles. Sin embargo, en el peor de los casos, el veredicto podría incluir las hipotecas ya vencidas o los pagos de intereses ya realizados en los contratos existentes. Un veredicto más estricto demandaría que las entidades financieras pagasen a sus clientes la recompensa por un valor de 44.000 millones de euros, calcularon desde el banco estadounidense Goldman Sachs.
Mientras que concluyó el analista superior de Moody’s Investor Services, Alberto Postigo, considera: "la opinión pública incrementa la probabilidad de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie en contra del uso del IRPH, lo que aumentaría el número de demandas presentadas por los clientes contra los bancos por falta de transparencia (...) y expondría a los prestamistas españoles a un mayor riesgo de litigio".