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El miedo de las Malvinas al Brexit: ¿adiós a las exoneraciones y al financiamiento?

Empresarios y políticos de las Islas Malvinas intentan ser optimistas con respecto al impacto que el Brexit tendrá en su economía y, por el momento, se aferran a su membresía como territorio de ultramar. De todos modos, ya imaginan un escenario sin el financiamiento europeo a programas de investigación.
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La entrada en vigencia del Brexit no solo se vive con expectativa en Gran Bretaña, donde ciudadanos y empresas están a la espera de ver cómo la salida de la Unión Europea afectará sus negocios y estatus legales. La misma preocupación se vive en las Islas Malvinas, cuya economía se beneficiaba de la pertenencia al bloque europeo a la hora del comercio de lana, carne y en materia de investigación científica.

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Un reportaje del diario local Penguin News recoge la preocupación de parlamentarios y empresarios de las Malvinas: si bien reconocen que se debe esperar para comprender cabalmente los efectos de la decisión británica, temen que perder las exoneraciones de aranceles que tenían por integrar la Unión Europea.

El parlamentario de las islas Michael Poole dijo al periódico que esta etapa está marcada por la incertidumbre y remarcó que la clave del debate debe ser "el acceso (a los mercados) y las tarifas".

Por el momento, el plan de las autoridades de las Malvinas es concretar encuentros con los principales empresarios malvinenses para definir los puntos que preocupan. Una vez definida una plataforma, enviarán una carta al ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Hugo Swire.

Para el también miembro de la Asamblea Legislativa de Malvinas Roger Edwards una de las claves para entender qué sucederá con las exportaciones y los fondos para desarrollo e investigación es definir el estatus de las islas en la Asociación de Territorios y Países de Ultramar (OCTA, por sus siglas en inglés).

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La organización, que nació en el año 2000 y actualmente cuenta con 22 miembros, tiene como objetivo coordinar acciones comunes de los territorios de ultramar asociados a estados europeos para contar con mayor peso en la Comisión Europea. Un peso que permite que, si bien los territorios no son formalmente parte de la Unión Europea, sus ciudadanos sean considerados como nacionales dentro del bloque.

Según Edwards, el Gobierno de las Islas Malvinas hizo una consulta a la OCTA para conocer en qué estado quedaba su membresía tras el Brexit. De acuerdo al parlamentario, la respuesta del organismo fue "vaga".

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La incertidumbre que reina en las Malvinas hace que entre sus empresarios haya un arco de sensaciones que van, según consigna el diario isleño, desde la incertidumbre hasta el optimismo.

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Por ejemplo, Robert Hall, de la empresa lanera 'Falkland Wool Growers', se mostró optimista en que la situación se normalizará a medida que pase el tiempo. Además, estimó que los países europeos no dejarán de necesitar lana desde el exterior y, como la importación de lana cruda no debe pagar tarifas, no habrá cambios demasiado significativos.

John Ferguson, de la 'Falkland Islands Meat Company', la empresa cárnica de las islas, recordó que la producción local se beneficia del estatus de territorio de ultramar para no pagar aranceles en la Unión Europea. Por lo tanto, consideró que la salida del bloque europeo "tendrá impacto al menos que se negocie la continuidad de ese estatus".

Desde el sector de la pesca se mostraron más confiados, aclarando que hoy en día el mercado europeo es "marginal" en las ventas. Asimismo, los pesqueros de las islas respaldan las acciones que deberá llevar adelante el Gobierno de las islas.

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Consultado por el Penguin, el representante de la Junta de Turismo de las islas, Tony Mason, dijo que el sector turístico de la isla seguramente no se verá resentido, ya que tanto los europeos como los británicos siguen siendo libres de visitar las islas, sin que se modifiquen demasiado sus costos. De todos modos, adelantó que es probable que las islas comiencen a apostar también por atraer turistas de América del Norte y Australia.

Quien sí puede verse más afectado es el Instituto de Investigación Ambiental del Atlántico Sur (SAERI, por sus siglas en inglés), que funciona en Puerto Stanley pero recibe gran parte de su financiamiento desde la Unión Europea. Según sus responsables, el Brexit obligaría al instituto a buscar formas de financiamiento alternativas.

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