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Guatemala limita el convenio centroamericano de libre tránsito ante una nueva caravana migrante

Entre el 15 y el 16 de enero de 2020, más de 3.500 personas ingresaron a Guatemala en tránsito al norte, según datos oficiales. La cifra evidencia la ocurrencia de una nueva caravana migrante que ha logrado avanzar y camina hacia México y Estados Unidos.
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Según pudo confirmar Sputnik, Guatemala impuso visas a estas personas con un límite de permanencia en el país de 72 horas, algo violatorio al Convenio Centroamericano de libre movilidad —conocido como CA4— vigente desde el año 2006. Gracias al CA4, existe el libre tránsito entre los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua como un promotor de la integración regional.

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Sin embargo, ante el clima generalizado de violencia y represión en que vive sumergido el movimiento migrante americano en el último lustro, esta nueva modalidad de tránsito restringido es vista como un beneficio.

En la práctica, las visas de 72 horas son un límite de facto a los derechos del CA4 que funciona de manera similar al Mercosur, en donde los ciudadanos de los países miembros cruzan las fronteras con su identificación local, sin necesidad de pasaporte.

"En medio de toda la violencia que ha habido, es normal que se esté viendo esto de manera positiva, pero para nosotros que conocemos sus derechos, sabemos que los están violando efectivamente", dijo a Sputnik Catalina López del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, una de las principales organizaciones sociales de la región maya q'eqchi' y del departamento de Huehuetenango, quienes trabajan a lo largo de la amplia frontera selvática que México comparte con Guatemala.

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Lo mismo señaló el investigador guatemalteco Carlos Ordóñez, quien sostuvo en entrevista con Sputnik que "la imposición por parte del nuevo Gobierno de Alejandro Giammattei de dar visas temporales es violatoria del derecho internacional".

Al ser consultado para este artículo sobre esta restricción al paso de la más reciente caravana migrante, el antropólogo señaló que aunque está dentro de las facultades del presidente, la imposición de salida en 72 horas del país, no respeta el convenio de libre tránsito ya existente con los países vecinos.

"Es incluso violatoria de uno de los apartados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que trata sobre los contactos y cooperación de los pueblos indígenas a través de las fronteras; que tampoco está respetando México con su propia migración indígena hacia los Estados Unidos", explicó.

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El acuerdo conocido como Tercer País Seguro fue firmado por el saliente Gobierno del expresidente Jimmy Morales, tras ser negociado por Enrique Degenhart (ministro de Gobernación de Morales) con el Gobierno de Donald Trump en julio de 2019 para convertirse en un nuevo tapón para el movimiento migratorio continental, moviendo la barrera más al sur del continente y accionando un doble mecanismo.

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Mientras, se logra alejar el control del tránsito a zonas cada vez más distantes de Estados Unidos y agrandar el territorio donde la gente queda rápidamente en un estatus irregular (72 horas en este caso) y por tanto, pasa a migrar en el terreno de la clandestinidad y la falta de garantías.

Por eso, este nuevo movimiento que parece inofensivo, agrega al territorio guatemalteco a la zona precarizada de la ruta migrante mesoamericana, una característica ya consolidada en México y Estados Unidos.

Según la información brindada esta semana por el Gobierno guatemalteco, el 15 de enero entraron a ese país 1.460 personas provenientes de Honduras por dos pasos fronterizos: en el extremo sur, en Agua Caliente, en la unión entre los departamentos de Chiquimula (Guatemala) con su par hondureño Ocotepeque, fueron 760 personas; en el paso del norte, Corinto, ubicado en la unión de los departamentos de Cortés (Honduras) e Izábal (Guatemala) fueron 300 personas. Otras 1.483 personas entraron a Guatemala por Agua Caliente el 16 de enero de 2020.

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Además de estas cifras, el Gobierno guatemalteco informó que calcula que otras 400 personas entraron de manera irregular al país, por día, en las fechas mencionadas.

En total, la cifra oficial indica que 3.543 personas ingresaron a Guatemala en solo dos días sin que hayan sido detenidos por el nuevo Gobierno, en manos de Alejandro Giammattei, quien asumió el 14 de enero, un día antes de la llegada a su país de este nuevo grupo migrante centroamericano. Ahora, mientras el nuevo Gobierno guatemalteco se acomoda, la más joven de las caravanas migrantes sigue rauda hacia México y Estados Unidos.

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Para el día 17 de enero, más de 1.000 personas habían llegado a la Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala, aunque usualmente reciben en un mes unas 400 personas, cifra que llegó el día 15 en un primer grupo pequeño. El 16 de enero, se sumaron 800 personas.

Desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala, la psicóloga Sucely Donis, a cargo de las tareas de registro y detección de vulnerabilidades en las personas en tránsito —es decir, que requieran la protección internacional de asilo o refugio que se brinda a quienes huyen por temor de su vida— explicó a Sputnik las implicancias de la nueva restricción impuesta.

"El nuevo Gobierno ha decidido que se les da 72 horas para transitar por el país. También tenemos datos de que la policía quiso detenerlos y reprimir la migración, pero no lo logró", explicó Donis en diálogo telefónico con Sputnik. "Todas las personas llevan un ticket que normalmente se da en los pasos fronterizos", dijo.

El día 15 de enero, entre las ocho de la mañana y el mediodía, el tránsito de gente que estaba ingresando por la frontera norte de Honduras-Guatemala en el paso de Corinto, fue gaseada. Desde ese momento, se cortó el registro oficial por esa entrada, lo que hace suponer que la frontera fue cerrada.

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En la ciudad de Guatemala, la sociedad civil tomó la posta ante la llegada de tanta gente que come, descansa, se repone un poco y continúa camino, pidiendo donaciones y organizando la atención de sus necesidades básicas por medio de voluntarios.

Donis explicó que la Casa del Migrante —dirigida por el padre Mauro Verzeletti— mantiene una emergencia para los próximos 15 días (todo el mes de enero) en que esperan que la gente siga llegando por goteo: "Personas que han quedado rezagadas en las fronteras o sin recursos para continuar camino". Hay otras organizaciones como la Pastoral de la Movilidad Humana, Médicos del Mundo y ACNUR que también participan de distintas maneras en este proceso.

"Es notoria la presencia de la caravana. Este día [17 de enero] recibimos 400 personas, que es la cifra que usualmente recibimos en todo un mes", concluyó.
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