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Los abusos del Gobierno de facto comprobados por el Parlasur en Bolivia

Tres diputados del Parlasur que estuvieron en Bolivia contaron a Sputnik algunas conclusiones del informe que comprobó el asesinato de más de 30 personas por parte de las fuerzas del orden, además de más de 1.500 detenciones arbitrarias tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
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La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur comprobó que 32 personas murieron en manos de policías y militares durante las manifestaciones que se dieron tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en Bolivia.

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Los miembros de la comisión presentaron este lunes ante el plenario del Parlasur el informe producido durante dos jornadas que pasaron en Bolivia, entre el 27 y el 28 de noviembre de 2019.

Además de las 32 víctimas fatales, el documento advierte que hasta el momento se registraron 832 personas heridas y 1.513 detenidas por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Asimismo, alerta sobre la existencia de "declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos".

Luego de presentar el informe, la presidenta de la comisión, la parlamentaria argentina Cecilia Merchán, dijo a Sputnik que la comisión pudo comprobar que muchas de las agresiones tuvieron una clara intencionalidad política, al recaer sobre integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político liderado por Evo Morales.

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El parlamentario paraguayo Ricardo Canese, que también participó de la delegación, puso como ejemplo el caso del ahora expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, que debió renunciar a su cargo luego de que grupos paramilitares incendiaran su casa —mientras su hermana aún estaba dentro— y secuestraron a su hermano.

Los parlamentarios también denunciaron en su informe que muchos militantes del MAS que resultaron heridos fueron discriminados en centros de salud por parte de médicos que les negaron asistencia debido a sus posiciones políticas.

Carlos Reutor, parlamentario uruguayo que también concurrió a Bolivia, contó a Sputnik que la comisión llegó a visitar la Iglesia de San Francisco de Asís, donde militantes indígenas y en favor de Morales reunieron los cuerpos sin vida de los partidarios de Morales muertos por las fuerzas del orden. "Fue una jornada muy emotiva, reunidos con familiares de detenidos, de desaparecidos y de los que murieron", rememoró.

Si bien no mantuvo contactos con el Gobierno de facto, la comisión también se entrevistó con sectores políticos opositores a Evo Morales. Según Merchán, en los encuentros "quedó muy claro cuál era la línea y cómo defendieron la postura de Luis Fernando Camacho de que la paz se restituye con la Biblia, además de sostener la postura de Donald Trump de sostener a los militares de Bolivia y felicitarlos".

"Como comisión logramos el objetivo de intervenir dentro de una situación de golpe de Estado. Logramos intervenir correctamente, constatar las violaciones a los Derechos Humanos y ahora queda acompañar la agenda electoral que se ha planteado", sostuvo Merchán.

La parlamentaria insistió en la necesidad de que, de cara a unas elecciones, Bolivia debe asegurar la aprobación de "una ley de garantías para que no haya problemas".

Para Reutor, la comisión no está en condiciones actualmente de asegurar que habrá garantías para el MAS en las próximas elecciones.

"Ojalá así sea y se plantee una democracia como tiene que ser. Nosotros reafirmamos que tienen que tener esas garantías para que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto", enfatizó.

​Canese, a su tiempo, remarcó que la presencia de la comisión en Bolivia fue fundamental porque aportó "una luz de esperanza" a los sectores bolivianos que sufrieron la represión del Gobierno de facto. "Lo que hemos hecho desde el Parlasur ayuda a que finalmente la atención mundial se centre y se termine el cerco mediático que busca ignorar estas violaciones de Derechos Humanos", concluyó.

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