Larreta y su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, "le comunicaron la decisión de sacar las rejas que dividen Plaza de Mayo, tal como lo había solicitado Fernández", informaron fuentes cercanas al mandatario electo.
Pero el alcalde de la capital argentina, del mismo partido que el presidente saliente Mauricio Macri, adelantó que se ocupará de quitarlas.
Las rejas actuales se instalaron durante una serie de remodelaciones de la emblemática Plaza de Mayo que se realizaron sin que se hubiese sancionado una normativa especial para tal fin, según establece el Código Urbanístico de la capital.
Tampoco avaló el nuevo cerco de seguridad la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que debe otorgar su aprobación previa a cualquier modificación que se efectúe sobre bienes protegidos.
El pasado mes de enero, el juez en lo contencioso administrativo y tributario nº8, Osvaldo Otheguy, declaró ilegal la instalación y otorgó al Gobierno un plazo de 90 días para sancionar una legislación que avalara las rejas permanentes, si es que no optaba por restablecer la plaza a su estado original.
El enrejado permanente, emplazado de manera transversal desde la calle Hipólito Yrigoyen hasta la Avenida Rivadavia, reemplazó así las vallas antidisturbios instaladas desde la crisis y el estallido social de finales de 2001 para "preservar la Casa Rosada de los disturbios y el vandalismo de manifestantes y, principalmente, para proteger la institucionalidad de la sede de Gobierno".
El vallado antidisturbios permaneció durante todos los gobiernos posteriores hasta su reemplazo el año pasado.
La instalación generó críticas de distintos organismos sociales y de derechos humanos, como:
- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
- la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH),
- y Familiares de Detenidos y Desaparecidos.