"El Gobierno, a través de vicepresidencia, ministerios de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Defensa, Finanzas, Cancillería, entre otras entidades del Estado, trabajan por consensuar frentes internos para ejecutar el Plan de Acción que responderá a las observaciones emitidas por la Comisión Europea a la pesca ecuatoriana", indicó el Ministerio de Producción en un comunicado.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, emitió una tarjeta amarilla o llamado de atención para Ecuador el 30 de octubre pasado alegando que este país sudamericano no lleva a cabo un combate eficiente de la pesca ilegal.
Una de las principales críticas de la Comisión Europea es que la ley de pesca de Ecuador es obsoleta en relación a las normas internacionales en esa materia.
En ese sentido, el Ministerio de Producción informó que "la primera respuesta oficial del país a la Comisión Europea se enmarca dentro de la estrategia que potencia la decisión de aprobar la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, la cual reemplazará a la vigente que data de 1974".
La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) comenzó a debatir el proyecto el 21 de noviembre pasado.
A fines de noviembre, la embajadora de la UE, Marianne Van Steen, afirmó que en abril o mayo llegará a Ecuador una misión para analizar los avances del sector pesquero, lo que podría resultar en el retiro de la tarjeta amarilla.
De esa forma Ecuador pasaría a tener tarjeta verde, mientras que una tarjeta roja implicaría el cierre del mercado europeo para la pesca ecuatoriana.
El Ministerio de Producción anunció en el comunicado que en el primer trimestre de 2020, autoridades nacionales viajarán a la UE para intentar revertir "lo antes posible el llamado de atención, protegiendo las exportaciones nacionales de atún".
En las aguas ecuatorianas sobre el océano Pacífico 117 barcos capturan un promedio de 280.000 toneladas de atún al año.
El ministro de Producción, Iván Ontaneda, informó el 30 de octubre pasado al parlamento que la pesca representa más de 1.600 millones de dólares en divisas y que más de 150.000 personas dependen de esta actividad.