"Este es un tribunal del lawfare, que seguramente tiene la condena escrita; a mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", dijo Fernández al cierre de su testimonial de tres horas y media en el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), integrado por los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
"¿No les parece que tiene impacto, que la vicepresidenta de la República Argentina esté sentada en el banquillo de los acusados, acusada de ser jefa de una asociación ilícita? ¿no les parece que es importante?", increpó Fernández a los jueces mirándolos a los ojos.
En cuanto al proceso en marcha, la exmandataria aprovechó para mencionar al presidente electo, Alberto Fernandez, a la hora de responder a una de las acusaciones.
Con respecto a las acusaciones que indican que existía un plan maestro para otorgar concesiones millonarias al empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido en un penal desde abril de 2016 acusado de lavado de dinero, la vicepresidenta electa espetó a los jueces: "por favor, presenten cosas lógicas".
En la extensa declaración, Fernández también defendió a sus hijos, Máximo, hoy dirigente político, y Florencia, en tratamiento médico en Cuba por un cuadro de linfedema que, según aseguran, derivó de un cuadro de estrés por la causa que también la tiene como procesada.
En su declaratoria, la senadora también apuntó contra otros integrantes del Poder Judicial como los jueces Claudio Bonadio y Ariel Ercolini, en quienes recayeron la mayoría de las causas que la investigan; la titular saliente de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Mariano Federici, y el todavía presidente Mauricio Macri, entre otros.
"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas; no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas; ya no soy la jefa de una banda de un empresario de la construcción (…) Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de la construcción", dijo Fernández, con ironía, sobre la acusación.
La causa se originó por una denuncia en 2016 del entonces administrador general de la Dirección de Vialidad, Jorge Iguacel, pero después el caso se anexó a otra causa que data de 2008 por pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques.