"La sociedad nos criminaliza, nos discrimina y nos mata, pero el Estado también contribuye al limpiarse las manos y equiparar los crímenes de odio con otras formas de violencia", aseguró a esta agencia la presidenta de la Asociación Comcavis Trans de El Salvador.
Rodríguez, ganadora regional del Premio Nansen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) por su defensa de las poblaciones LGBTI, reiteró su denuncia tras el asesinato de una mujer trans en Ahuachapán (occidente), con señales de que fue un crimen de odio.
"Cuando hablamos de los problemas que enfrentan las personas LGTBI en El Salvador hay que destacar la impunidad, porque el Estado no reconoce la situación de vulnerabilidad en la que estamos", insistió Rodríguez, una mujer trans de 26 años.
Para la activista es triste cómo Bukele, quien logró el voto de buena parte de la comunidad LGTBI, afirma que las víctimas de crímenes de odio deberían ser tratadas como las demás en un país marcado por sus niveles diarios de homicidios.
Expresó su preocupación por la falta de un pronunciamiento de las autoridades respecto a esta problemática, así como el silencio de las instituciones encargadas de judicializar estos casos, tildándolos de "crímenes pasionales" o relacionados con las pandillas y la droga.
"Nos parece absurda la política de naturalizar esta violencia, porque las personas LGTBI necesitan una protección más específica: este Gobierno habla de inclusión, pero no aplica las políticas que dejó institucionalizadas el Gobierno anterior", denunció.
Rodríguez advirtió que en los tres últimos años han sido asesinadas con ensañamiento unas 20 mujeres trans, sin que ningún caso haya sido procesado, pese a la reforma del Código Penal aprobada en 2015 para imponer penas más severas a los delitos motivados por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.
Según datos de la Federación Salvadoreña de personas LGTBI, durante los tres últimos años se registraron al menos 20 asesinatos de mujeres "trans" de entre 16 y 32 años, y al menos 151 casos de desplazamiento forzado de personas por su orientación sexual o identidad de género.