"La final de la Libertadores entre Flamengo y River será en Lima, Perú, el 23 de noviembre", anunció la cuenta oficial de Conmebol en Twitter.
Alejandro Domínguez, quien encabeza la Conmebol, convocó una reunión de urgencia en Asunción, Paraguay, en la que participaron los jefes de ambos clubes, Rodolfo D´Onofrio por River y Rodolfo Landim por Flamengo, además de los presidentes de las federaciones implicadas, Claudio Tapia, por Argentina; Rogério Cabocolo, por Brasil; y Sebastián Moreno, por Chile.
Con la elección de Lima finalizó una semana de suspicacias en las que se barajó la posibilidad de que la primera final única en la historia del certamen se mudaría a Medellín, Bogotá, Asunción, Miami o Montevideo.
Finalmente se eligió Lima, una sede que en mayo había sido rechazada por Conmebol por cuestiones de carácter administrativo que ahora fueron garantizadas.
Para ello, Conmebol pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) "algunas garantías gubernamentales para cuestiones de impuestos, otras municipales para temas de seguridad con la policía de Perú, cosas elementales y básicas para un partido de alto riesgo", según confió una fuente de ese organismo a Sputnik.
Las protestas que comenzaron el 14 de octubre en Chile habían puesto en duda la realización del partido en la capital de ese país y las sospechas se acrecentaron cuando el Gobierno canceló la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la cumbre de cambio climático (COP 25) que debían realizarse en noviembre y diciembre, respectivamente.
Sin embargo, la ministra de deportes, Cecilia Pérez, confirmó que el partido se disputaría en el estadio Nacional de Santiago, a pesar de que los servicios de transporte en la ciudad no están garantizados en su totalidad y que se viven a diario jornadas de movilizaciones y represión policial.
"Recibí el llamado del presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez), le he ratificado a nombre del Presidente Piñera, nuestro compromiso de realizar la Copa Libertadores. Más allá de lo que sucedió con la APEC y la COP25, son cosas distintas", dijo Pérez.
Pero todo cambió cuando las facciones más duras de las aficiones de los clubes más populares, Colo Colo y la Universidad de Chile, se unieron para anunciar una masiva movilización al estadio Nacional para el 23 de noviembre, fecha de la final, con el objetivo de boicotear el encuentro, hecho que motivó a la Conmebol a revisar la decisión.