"El hecho de que ya no existan suspensiones judiciales para comenzar las obras en la base de Santa Lucía, no implica que no sigan los juicios contra la construcción del aeropuerto civil por militares, porque faltan muchos permisos y otros requisitos", dijo el abogado.
Un tribunal colegiado administrativo de la Ciudad de México falló el 8 de octubre a favor del Gobierno mexicano, levantando la última de las siete "suspensiones definitivas" que los jueces habían concedido a ese colectivo, contra la construcción del aeropuerto en la base militar.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que costaría unos 15.000 millones de dólares, fue cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por costoso.
Esa megaconstrucción era la principal obra de infraestructura de la anterior administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que llevaba un 20% de avance, según las autoridades y 30% según los inversionistas.
"No hay luz verde para la construcción del aeropuerto en la base de Santa Lucía, aunque ya no hay restricciones jurisdiccionales, porque permanecen los impedimentos legales, establecidos en la ley", explicó el jurista, quien es director de litigio estratégico de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que integra el colectivo.
Las objeciones de los opositores, que incluyen a gremios de abogados, empresarios y promotores de la transparencia gubernamental, se centran en temas medioambientales y riesgos aeronáuticos, entre otros.
Entre las principales prohibiciones en la ley está una legislación que impide que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya un aeropuerto civil, explicó Carrasco.
Los reclamos
Los litigios en una docena de juicios continuarán después de que el Gobierno federal superó las siete "suspensiones definitivas".
Las obras en la base militar, que está a 36 kilómetros al noroeste del actual aeropuerto internacional, aún requieren de permisos y otros requisitos de planeación, según los quejosos.
"Para construir un aeropuerto civil, aún falta un plan maestro, el proyecto de pistas, los análisis topográficos, un estudio del espacio aéreo, y los requisitos aeronáuticos", enumeró Carrasco.
Asimismo, "NoMásDerroches" solicitó otros documentos como "el proyecto arquitectónico, las proyecciones financieras costo-beneficio, las condiciones ambientales, el uso de suelo, los permisos de la agencia aeronáutica internacional, y la garantía de seguridad para almacenar combustible de aviones".
"Tras una búsqueda exhaustiva en los archivos en esta Dirección (de Aeronáutica Civil) no se encontró información referente a lo solicitado", dice el documento oficial.
El 18 septiembre pasado, el Gobierno federal reservó toda la información como secreto de Estado.
Las autoridades civiles y militares tienen previsto realizar un evento inaugural luego de lograr la remoción de las "suspensiones definitivas" judiciales.
El objetivo de las ceremonias es "demostrar el poder autoritario, pero será nada más simbólico, porque faltan muchos requisitos obligatorios" aseguró Carrasco.
El jurista considera que en este caso "se perdió la imparcialidad en el tribunal administrativo de la Ciudad de México".
La semana pasada, el magistrado que se mantuvo firme en su postura de no levantar las suspensiones de las obras, Jorge Cameo Ocampo, "a la hora y media fue suspendido" por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por presunto enriquecimiento ilícito, recordó Carrasco.
"Fue una coincidencia extraña", comentó.
Además, señaló que ese tribunal colegiado "históricamente ha sesionado los jueves", pero desde que el Gobierno planea su evento inaugural de las obras sesionó este miércoles 16.
López Obrador calificó en varias ocasiones como "corruptos" a jueces y magistrados que emitieron fallos a favor de ese colectivo, y amenazó con "exhibir" a los magistrados que otorgaron suspensiones en contra de la construcción en la base militar a cargo de los militares.
Asimismo, sostiene que la construcción en el lecho de lago disecado de Texcoco, al oriente de la capital, junto a la actual terminal internacional, se hundiría por falta de resistencia del suelo, y que los costos serían pagados por el Gobierno.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo afirma que las viejas instalaciones del actual aeropuerto serían utilizadas para crear un gran desarrollo inmobiliario, por parte de los inversionistas, entre quienes se encuentra Carlos Slim, el multimillonario más rico de este país.