Según informó el Tribunal Supremo en un comunicado, este 14 de octubre fue emitida una "orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión".
Una vez notificada la condena contra los compañeros del Gobierno de Puigdemont, el instructor de la causa del procés, el juez Pablo Llarena, reclama de nuevo su detención ante la posibilidad de que el líder independentista ponga más tierra de por medio para evitar ser juzgado.
"Las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión", señaló el Tribunal Supremo.
El juez Llarena recuerda además que la sentencia contra los líderes independentistas parte de un auto de procesamiento en el que Carles Puigdemont era situado en la cúspide del organigrama independentista responsable del referéndum por lo que, independientemente de que posteriormente sea condenado o no, el magistrado cree que existen indicios de sobra para que sea sometido a juicio en Madrid.
No obstante, Puigdemont fue detenido en marzo de 2018 en Alemania, donde se encontraba de paso tras participar en un acto en Finlandia. La detención se realizó en virtud de una euroorden emitida por España, que le reclamaba para juzgarle por delitos de rebelión y malversación.
La Justicia alemana no apreció motivos para extraditarle por rebelión y se limitó a autorizar su envío a España para ser juzgado por malversación, lo que fue rechazado por el Tribunal Supremo. Después de eso, Puigdemont regresó a Bélgica, donde reside actualmente.
En último término, la decisión de la Justicia alemana de descartar la rebelión se situó en línea con el fallo del Tribunal Supremo, que este 14 de octubre decidió no condenar a los líderes independentistas catalanes responsables del referéndum por un delito de rebelión, sino por uno de sedición, que conlleva penas menores.
Este 14 de octubre, el Tribunal Supremo de España anunció su decisión de condenar por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los 12 líderes políticos y civiles catalanes que se sentaron en el banquillo de los acusados por el proceso independentista.
Nueve políticos fueron declarados culpables de sedición y fueron condenados a penas de 9 a 13 años de prisión. Tres políticos más fueron hallados culpables de desobediencia y sentenciados a una multa.