El último magistrado en votar fue el presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli, quien defendió que los plazos que corren para la defensa de los delatores (los testigos que acusan) y de los delatados (los imputados) deben ser sucesivos, "para que el delatado pueda confrontar todas las pruebas y las acusaciones de los colaboradores" con la justicia, según informó el tribunal en sus redes sociales.
La decisión crea jurisprudencia y no tendría aplicación inmediata más allá del caso por el cual llegó al Supremo; servirá de orientación a jueces de instancias inferiores, aunque el alcance exacto de la medida aún no fue detallado.
Si se aplicara al pie de la letra, habría que anular decenas de condenas, pero el juez Toffoli, por ejemplo, propuso que la tesis se aplique a quienes cuestionaron el orden de las alegaciones en primera instancia, y a quienes, en procesos ya sentenciados, puedan demostrar que el hecho de que el acusador hablara en último término les causó algún tipo de perjuicio.
El debate entre los magistrados se debe a un recurso que presentó el exgerente de la empresa petrolera estatal Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, que había sido condenado a 10 años y tres meses de cárcel por el entonces juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia.
Con el resultado de la deliberación, su sentencia será anulada.