"Propicia una gobernanza transparente, responsable y eficaz y favorece la libertad de expresión, la diversidad cultural y lingüística y la participación en la vida pública", dijo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en un comunicado de prensa en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública celebrado cada 28 de septiembre.
"La innovación digital debe ir de la mano de la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas para el acceso público a la información, o mejorar las existentes", aseguró la directora.
La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).
La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.
Aquí los países de América Latina y el Caribe que tienen una ley que protege ese derecho, ordenados según año de aprobación:
- Belice (1994)
- Trinidad y Tobago (1999)
- México, Panamá y Jamaica (2002)
- Perú y San Vicente y las Granadinas (2003)
- Ecuador, Antigua y Barbuda y República Dominicana (2004)
- Honduras (2006)
- Nicaragua (2007)
- Chile, Uruguay y Guatemala (2008)
- Brasil, El Salvador y Guayana (2011)
- Colombia y Paraguay (2014)
- Argentina (2016)
- Saint Kitts and Nevi (2018)
Aún deberían legislar Venezuela, Suriname, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Santa Lucía, Barbados y Haití.
Este año la Unesco está realizando su evento principal en Lima (Perú), donde un intercambio entre periodistas, el público general y expertos en transparencia y regulación de la información enriquecen el debate para evitar retrocesos y seguir avanzando en asegurar ese derecho que que, además, es una herramienta de combate a la corrupción.