"El Consejo no puede adoptar acciones, solo hacer recomendaciones y lo van a convertir en un instrumento de las políticas del gobierno favorables al poder económico y a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que se quitó la hostilidad de los sindicatos", explicó el experto a esta agencia.
La nueva versión del CST está integrada por ocho representantes del Gobierno, ocho de gremios empresariales y ocho sindicalistas de derecha o vinculados al empresariado, con la anuencia de Rolando Castro, actual Ministro de Trabajo y antiguo dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales de El Salvador.
"La ANEP no está donde no puede tener el control. Cuando perdieron la representación sindical en 2012 boicotearon un Consejo creado por ellos mismos en 1994 para elaborar propuestas económicas", explicó Villalona.
En 2010, durante el primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), fue aprobada la sindicalización en el sector público y dos años después el CST cambió su composición con la elección de representantes legítimos del sector laboral.
"Tras ese cambio fue aprobado un importante aumento salarial con impactos positivos para la población trabajadora y la economía nacional, que creció 2.3% en el marco de una inflación de apenas 2%", precisó el especialista.
Entra las funciones del CST destacan las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que durante los últimos años mantuvo a El Salvador en una suerte de lista negra por la ausencia del Consejo, pese a la voluntad del anterior gobierno para que funcionara sin sesgos.
El ministro Castro saludó la reapertura del CST como una muestra de armonía entre patronos y empleados promovida por la administración del presidente Nayib Bukele, que en teoría no permitirá violaciones a los derechos laborales.
"Este día ponemos fin a una historia oscura, de violación a los convenios internacionales en materia laboral. El Consejo Superior del Trabajo es la instancia que permitirá tener un dialogo social transparente con reglas claras, para dirimir los temas en materia laboral", aseguró Castro el 16 de septiembre.
Sin embargo, la asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (Proes) acusa al ministro de mantener un silencio cómplice ante el despido arbitrario e ilegal de miles de empleadas y empleados públicos, y promueve la flexibilización laboral para abaratar la mano de obra y aumentar la ganancia empresarial.
"Las organizaciones que representan los genuinos intereses de la población trabajadora deben demandar que se cambie el reglamento del CST, para que la representación empresarial no sea únicamente de los gremios de la ANEP y la representación laboral sea elegida por los sindicatos", demanda Proes.
El FMLN también calificó de "agresiva y beligerante" la actitud del ministro Castro con el nombramiento ilegítimo de una nueva dirección del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la cual intentó desalojar por la fuerza a la directiva vigente y tomar las riendas de dicha unión.