"La CNDH lamenta la reciente liberación de 24 personas inculpadas en el Caso Iguala y vuelve a reiterar la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada", dijo en un comunicado el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez.
Esa comisión, que desempeña el papel de defensor del pueblo, señaló la urgencia de fortalecer y reencauzar los procesos penales para "evitar que los responsables sean liberados y propiciar que quienes han sido liberados indebidamente sean aprehendidos de nuevo".
El riesgo de que las fallas en las investigaciones y procesos penales pudieran propiciar la liberación de los presuntos responsables fue advertida por primera vez hace más de tres años por la CNDH, en julio de 2015.
La actual Fiscalía General, organismo encabezado por Alejandro Gertz Manero, que reemplazó a principios de este año a la antigua Procuraduría General federal debe "subsanar los errores" de la justicia, dijo el organismo.
Algunas de las pruebas en el expediente fueron dictaminadas por jueces como "jurídicamente inválidas", obtenidas de manera indebida durante las investigaciones, entre ellas mediante el uso de torturas.
El ombudsman insiste en seguir las líneas de investigación que ha planteado en sus recomendaciones y realizar diligencias que podrían redefinir el sentido de todo el caso.
Por ejemplo, apuntó que "los exámenes genéticos a los múltiples fragmentos óseos que se encontraron y que, inexplicablemente, siguen sin llevarse a cabo".
Despolitizar el caso
Según González Pérez, se deben despolitizar las investigaciones porque existen elementos judiciales para procesar a los recién liberados por varios delitos, como el caso de Gildardo López Astudillo, apodado el "Cabo Gil".
Ese hombre, liberado el 3 de septiembre pasado, sería el líder del grupo delincuencial autodenominado "Guerreros Unidos" en Iguala, estado de Guerrero (sur).
El "Cabo Gil" salió libre por un delito, pero hay otras violaciones que pueden ser nuevamente activadas, según González Pérez.
La CNDH respondió así a la liberación ordenada por el juez Samuel Ventura Ramos para 77 de los 142 acusados por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, dijo que la liberación de otras 24 personas "es una burla a la justicia, muestra la miseria, la podredumbre que se encuentra la impartición de justicia del país; huele a podrido y es el momento de hacer cambios profundo".
Un centenar de jóvenes viajaban en cinco autobuses para conmemorar un aniversario de la masacre de estudiantes universitarios en la capitalina Plaza de Tlatelolco de 1968, cuando fueron atacados a balazos en Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital.
Policías municipales confabulados con criminales detuvieron a decenas de jóvenes y los entregaron a narcotraficantes de "Guerreros Unidos", que los habrían asesinado.
Una de las líneas de investigación, recomendada e inconclusa, indica que alguno de los autobuses ocupados por los alumnos habría estado cargado con droga, un motivo que explicaría la brutalidad del ataque orquestado y su desenlace.