"Me siento orgullosa de estar aquí, yo sola nunca hubiera tenido una casa, me quedé porque valió la pena, yo soy una guerrera", dice Leonor Sánchez, con sus 59 años de vida fundada en la pobreza y llevada adelante con el esfuerzo permanente. Leonor ofrece café en su departamento que aún no ha terminado: faltan el alisado, los cerámicos, terminar el baño.
"Esto es para los que teníamos nada", continúa. Ella es costurera, repostera, ha tenido hijos, tiene un compañero, y un proyecto colectivo: terminar las viviendas en el terreno que ocuparon hace 14 años, en el 2005. Sonríe cuando habla. "¿Más café?", pregunta.
El terreno, de tres hectáreas, está situado en Baruta, al este de Caracas, donde vive la gente de dinero, el aire es fresco, hay colinas, urbanizaciones, y una mayoría opositora al chavismo.
"Dimos la lucha por las vías legales, averiguamos la cadena titulativa del terreno, y la familia que pensaba que era dueña se enteró que la alcaldía le había secuestrado los papeles para dársela a una inmobiliaria", explica Richard Hereida, que pertenece el Movimiento de Pobladores y Pobladoras.
El asunto no terminaba allí: el alcalde era el opositor Capriles Radonski y esas tierras iban destinadas a una empresa suya para construir un centro comercial.
Cuando ingresaron solo era monte con pinos. Hereida estuvo desde el inicio, él y su familia son del barrio que queda en frente. "Nosotros vivimos en las laderas, quebradas, cerros sin planificación", dice al mostrar su barrio. Cuando habla tiene orgullo de lo que han hecho: los 60 mil metros cúbicos de tierra que movieron, la calle asfaltada, los siete bloques de edificios donde vivirán 156 familias en departamentos de 80 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala, cocina y dos baños. "Nada fue regalado", dice.
Una historia con dos tiempos
El rescate del terreno en Baruta fue en los inicios de la Revolución bolivariana. En el año 2004 fue creado el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y aún no se había planteado el debate sobre la tierra urbana de forma organizada. Una de las primeras acciones de recuperación fue organizada por el Campamento de Pioneros y Pioneras, parte de Pobladores y Pobladoras, en la zona de Macaracuay, de clase alta.
"Esa toma nos hizo temblar, porque, aunque escuchábamos rumores, no había nadie en Caracas disputando los terrenos a los ricos, plantearles que íbamos a vivir al lado de ellos porque teníamos el mismo derecho, no había esa discusión", explica Iraida Morocoima, vocera del movimiento.
Esa vez no ingresaron al terreno, la acción se desarrolló en la vereda. La respuesta fue violenta: "Comenzamos a ver lo que era la lucha de clases, gente que nos insultaba, salían con anuncios en la primera página de periódicos diciendo 'nuestra vivienda va a perder valor', se atrevían a querernos escupir, éramos la nada, una vaina racista, clasista", cuenta.
En esa época investigaban sobre el suelo urbano: "veíamos que había muchísimos terrenos en la ciudad que se podían recuperar para hacer vivienda popular", recuerda Juan Carlos Rodríguez. No había política de Estado para ese problema, y lo que existía era la lógica aplicada en todo el continente: "a lo sumo ofrecían terrenos en la periferia, los terrenos para vivienda popular eran fuera de la ciudad".
El movimiento se planteó disputar en el centro de la ciudad, cuestionar el latifundio urbano, las viviendas vacías, terrenos sin utilización, el orden jerárquico de la tierra y sus dueños.
El giro ocurrió en el 2011: el movimiento se reunión con Hugo Chávez, y lo que era una pelea de Pobladores y Pobladoras se transformó en política de Estado, nació la Gran Misión Vivienda Venezuela y comenzó la recuperación masiva de terrenos dentro de las ciudades.
"Chávez logró mirar a los ojos profundo de un pueblo que estaba dando una lucha y se sumó", dice Iraida. Fue ese año, el 2011, cuando el Estado expropió el terreno en Baruta y otorgó un primer financiamiento. Ahora lleva por nombre Nueva Comunidad Socialista Monterrey.
La autogestión
Ocupar, resistir, construir, es una de las consignas del movimiento. Desde el inicio plantearon el proceso de forma colectiva y organizada, tanto el ingreso a un terreno como la permanencia y la construcción. "Las normas son claras al entrar aquí, casi todos venimos de la lucha desde el principio, nosotros mismos construimos esas normas", explica Hereida.
Las normas abarcan varias dimensiones en la construcción. Una de ellas es, en la Nueva Comunidad Socialista Monterrey, que cada persona debe aportar 16 horas de trabajo colectivo semanal para los espacios comunes. Las demás son para el interior de su vivienda. Los días sábados son las cayapas, cuando todas las familias acuden al trabajo común.
"La autogestión es una apuesta política de construcción de poder comunal y popular, implica la disputa de medios de producción, de tierra, de recursos, de materiales, de maquinaria, todo eso es una disputa para que esos medios sean administrados colectivamente", explica Juan Carlos Rodríguez. La apuesta, subraya, es al proceso, y no solamente a lo numérico, como ocurre en la lógica constructivista.
El proceso de construcción de las viviendas depende del nivel organizativo y de la constancia en que el Estado suministra los recursos materiales. El resultado es más que un edificio: es una comunidad.
"Los empresarios si construyen y no es rentable te la dejan a mitad de camino, pero la gente no la deja, porque su casa, su lucha, su sueño, no la deja, la termina dignamente", explica Iraida. Señala a un hombre que está en la cayapa: "te aseguro que en su casa no debe tener completa la alimentación porque con todo lo que el presidente ha intentado ha costado, no hay los implementos, ¿cuánto cuestan unos zapatos?".
"El bloqueo está matando gente, no es que viene la guerra, es que está la guerra, cada proceso electoral es una batalla más, pero quién paga las consecuencias, hasta cuándo vamos a poner los muertos". Iraida subraya la necesidad de encontrar respuestas, y la autogestión es una de ellas: abarata costos de construcción, crea organización, tejido social, solidaridad, horizonte de socialismo comunal.
Una de las peleas del Movimiento de Pobladores y Pobladoras es por lograr que la autogestión sea aceptada como una de las modalidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela. "Debemos superar la visión que el Estado debe poner todos los recursos y luego dárselos a las personas que lo necesitan", explica Rodríguez. Hasta el momento la Gran Misión han culminado cerca de 2 millones 800 mil viviendas, de las cuales el 37% han sido construidas por el poder popular.
¿De quiénes son las viviendas?
Una de las primeras leyes que quiso implementar la derecha al ganar la Asamblea Nacional en el 2015 fue la de modificar las bases de los terrenos y viviendas de la Gran Misión. La ley contemplaba reconocer el valor especulativo de los terrenos afectados, es decir, tasarlos a precio más elevado para que el Estado pagara una indemnización mayor. En segundo lugar, planteaba que las viviendas pudieran venderse libremente en el mercado inmobiliario, para incorporarlas a los circuitos de especulación.
El Movimiento de Pobladores y Pobladoras realizó varias movilizaciones para oponerse, y el proyecto de ley fue archivado. Quedó, sin embargo, evidenciada una de las medidas que tomarían en caso de poder hacerlo.
"El odio que le tiene la oposición a Chávez fue mayormente por la expropiación de terrenos desutilizados, nunca nos van a perdonar a nosotros que nos hayamos atrevido a construir esto", dice Iraida Morocoima.
La apuesta de Pobladores, es el de la propiedad colectiva de la tierra y las viviendas: "no queremos que vaya a un proceso de individualización de la propiedad que fragmente lo que hemos construido colectivamente durante años", explica Juan Carlos. Todavía no existe ese marco jurídico y parte de su pelea es por lograrlo.
Hereida explica que una vez que terminen las viviendas continuarán con el proceso de trabajo colectivo y asambleas, como ocurre en espacios que ya han finalizado. La Nueva Comunidad Socialista Monterrey tendrá viviendas, un área recreativa, y otra productiva, con una construcción de tres pisos, donde funcionarán locales para, por ejemplo, una panadería, una farmacia, y locales para talleres de costura.
"Vienen peleas fuertes, difíciles", afirma Iraida. "Decimos que somos leales a los leales, al no robar, no a la corrupción, leales a lo que hay que hacer". Y lo que hay que hacer, afirman, es profundizar la política de recuperación de suelos subutilizados, disputar los centros urbanos, apostar a la autogestión, crear comunidades en los barrios y en el corazón de las zonas exclusivas de las burguesías.