"Nosotros no hemos renunciado, al contrario tenemos con el pueblo nicaragüense, históricamente, tenemos el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua", aseguró Ortega, citado por el portal informativo 19Digital.
El mandatario señaló que se trabaja en ajustes en los estudios medioambientales ya presentados, para garantizar una obra que fortalezca el comercio global y se constituya en fuente de recursos, crecimiento y desarrollo para el país.
El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, con un costo superior a los 50.000 millones de dólares, triplicaría el tamaño del Canal de Panamá, y agilizaría el cruce entre los océanos Pacífico y Atlántico de cinco mil barcos de gran calado al año.
En junio de 2013, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó la Ley 840, normativa jurídica que regiría la concesión, construcción y operación del Gran Canal Interoceánico, la cual fue criticada por su ambigüedad respecto al impacto ambiental del proyecto.
Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció que el proyecto desplazaría a más de 120.000 personas entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, en tanto el Gobierno asegura que solo 29.000 personas serían afectadas, pero se les reubicaría en lugares con mejores condiciones.
Varios reportes de prensa y opositores al proyecto afirmaron a finales de 2017 que el Gran Canal había sido "postergado indefinidamente", en medio del silencio del Gobierno, que terminó con las recientes declaraciones de Ortega.
El proyecto atravesaría el lago Cocibolca, considerado la fuente de agua dulce más grande de América Central.