"Con esta medida, el Gobierno promueve el ingreso irregular de las personas; además, con esa postura de mantener las migraciones seguras, controladas y regulares, lo único que van a generar es que se aumenten los tipos delictivos, como la trata de personas o la explotación sexual", afirmó.
El 26 de julio, el Gobierno de Lenín Moreno publicó el Decreto Ejecutivo 826, en el que establece a partir del 26 de agosto la exigencia de visa para los venezolanos que quieran ingresar a territorio ecuatoriano, con vigencia de dos años y con posibilidad de prórroga.
En forma paralela, el decreto habilita una "amnistía migratoria" para aquellos venezolanos que ya se encuentran en Ecuador y hayan sobrepasado el tiempo de estadía o no tengan documentos para regularizarse, beneficiando solo a quienes no hayan violado las leyes y hayan ingresado a través de los puntos de control migratorio.
Para estos se contempla un proceso de regularización que concluirá en marzo de 2020.
Hasta ahora, Ecuador permite que los venezolanos ingresen presentando solo su cédula de identidad o pasaporte.
Ingreso "ordenado"
El presidente del partido Movimiento Creo (derecha) para América Latina, El Caribe y África, Juan Fernando Flores Arroyo, dijo a Sputnik que el decreto firmado por Moreno busca canalizar "de forma ordenada" la inmigración venezolana.
"Actualmente tenemos más de 400.000 venezolanos que han ingresado al Ecuador, de los cuales 110.000 han podido regularizarse de manera efectiva, lo cual deja en un estado de indefensión a la mayoría de venezolanos que han llegado sobre todo hace meses", sostuvo.
Asimismo, destacó que las nuevas disposiciones permiten "que todos los venezolanos puedan formalizar su situación en el país y con ello incorporarse al aparato productivo".
Las críticas
Por su parte, Vera sostuvo que el decreto no responde a una política integral sobre la situación migratoria ni contempla los derechos humanos.
"Esta medida va a permitir que bandas delincuenciales puedan aprovecharse mucho más de las personas venezolanas que quieran ingresar al territorio", quienes para facilitar el proceso optarán por las vías no legales, agregó.
"Solamente ellos podrían recibir el beneficio; sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no lograron ingresar por controles, que es la mayor parte de la última ola migratoria que se recibió este año? Además, existen muchos grupos de personas que fueron traídas por estos ingresos fronterizos ilegales de los cuales eran captados fácilmente por estos grupos delincuenciales de trata y explotación laboral", agregó.
En tanto, Flores negó que la medida del Gobierno implique acciones restrictivas o que tengan como objetivo denigrar a los inmigrantes.
"La intención de esta medida no es negar el acceso de los venezolanos sino que puedan llegar al país con un proceso regular que les permita que cuando apenas toquen el territorio ecuatoriano inicien sus labores de trabajo, puedan incorporarse a la educación y puedan tener acceso a la salud. La idea no es que sea restrictiva, sino que se pueda controlar la migración para que sea legal", afirmó.
El 29 de julio, Moreno informó en Twitter que tomó la decisión del decreto para garantizar el orden y seguridad de los ecuatorianos y de los inmigrantes.
"Lo hacemos con profundo sentido humanitario y con la firme convicción de velar por el bienestar de todos (...) Nuestro país soporta los efectos de una grave crisis migratoria originada en la República de Venezuela. Como gobierno responsable afrontamos los desafíos de recibir a miles de hermanos venezolanos. Somos una sociedad incluyente y solidaria, sin embargo estamos obligados a actuar", agregó.
Ecuador es el cuarto país de América del Sur que mayor número de venezolanos ha recibido, según la Plataforma de Coordinación de las Naciones Unidas para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.
En el primer trimestre de 2019 más de 110.000 personas habían recibido visas y accedido a una condición migratoria regular, señaló el Gobierno en el decreto.
Más de cuatro millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 huyendo de una grave crisis, según las Naciones Unidas, y la gran mayoría se dirigieron a países vecinos.
Perú, Chile y Ecuador decidieron en las últimas semanas comenzar a exigir visas a los migrantes procedentes de Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en febrero pasado que tenía una lista "de 50.000 venezolanos desesperados" y ansiosos de regresar a su país, pues "no aguantan las condiciones en que están en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador".
En el marco del Plan Vuelta a la Patria, implementado en agosto de 2018 por Caracas, unos 15.000 emigrados fueron repatriados, la mayoría de ellos procedentes de Brasil, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Perú.