"Le vamos a exigir al Gobierno el respeto a nuestros territorios (...) queremos que nos escuche y respete nuestra decisión, es nuestra casa, no queremos que a nuestra selva la vengan a destruir, contaminar, a desaparecer nuestra cultura", afirmaron activistas en un video publicado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en su cuenta de la red social Twitter.
Además de la protesta, las comunidades indígenas presentaron más de 122.000 firmas al Gobierno para impedir que Ecuador siga extrayendo petróleo en la Amazonía, ya que la explotación de hidrocarburos ha generado "graves amenazas de contaminación".
La explotación de petróleo en la Amazonía se lleva adelante en las provincias de Sucumbíos (noroeste), Orellana (noroeste), Napo (norte), Pastaza (este) y Morona Santiago (sureste).
El tribunal de Pastaza (noreste) determinó que el Estado debe realizar una nueva consulta aplicando estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su intento de abrir miles de hectáreas del territorio a la explotación petrolera.
El Gobierno afirma que realizó una consulta en 2012 sobre el tema, pero los indígenas afirman que solo fue una visita en la que les ofrecieron regalos y beneficios pero sin explicarles que era a cambio de su autorización para la explotación de sus territorios.
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En tanto, el 22 de mayo, Ecuador suscribió siete contratos petroleros en la región amazónica (noreste) a empresas privadas locales, de Perú y Colombia, que aportarán para 2024 alrededor de 18.000 barriles por día a la producción nacional.
Uno de los casos más destacados en América Latina de contaminación por la explotación petrolera tuvo lugar en Ecuador, donde las operaciones de Texaco causaron millonarios daños al medio ambiente entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
En 2011, la justicia ecuatoriana sentenció a Chevron –la antigua Texaco- a pagar 9.500 millones de dólares por los daños pero la sentencia ha sido imposible de ejecutar.